¡AQUI ESTAMOS!

Manifiesto zapatista aún vigente en nuestros días, que retomamos:

Escrito por tepeuxila el 26/02/2008 20:56 | Comentarios (0)

Amenzan a dos abogados de la APPO

Amenazan a dos abogados de la APPO

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 23 de febrero. Los abogados Jesús Manuel Grijalva Mejía y Gilberto Hernández Santiago, de la comisión jurídica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), denunciaron que recibieron amenazas anónimas. “Se están buscando la muerte, síganle, están advertidos… antes de este mes se mueren los dos”, dice el escrito deslizado debajo de la puerta de sus oficinas.

Hernández Santiago responsabilizó al gobierno estatal de las amenazas por el trabajo jurídico desarrollado en la defensa de cientos de simpatizantes del movimiento magisterial y popular que han sido detenidos desde mediados de 2006 por policías federales y estatales.

Expuso que la comisión jurídica ha sido la encargada también de promover ante el Congreso de la Unión la solicitud de desaparición de poderes y juicio político contra el gobernador Ulises Ortiz, y ha actuado como coadyuvante de la Procuraduría General de la República en la investigación por delitos de lesa humanidad contra el mandatario estatal. Además, ha presentado un informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones a los derechos humanos.

Consideró que, desde el anonimato, el gobierno estatal pretende intimidarlos y frenar el trabajo de la comisión jurídica. El Comité de Liberación 25 de Noviembre, que fundó el pintor Francisco Toledo, emitió una acción urgente para que organismos civiles nacionales e internacionales demanden al Estado mexicano garantizar la integridad y seguridad de los abogados.

Escrito por tepeuxila el 26/02/2008 17:18 | Comentarios (0)

Imposición gubernamental sobre el pueblo wixarika

Juan Cosío Candelario*

La Jornada, febrero 24 de 2008.

Nadie ha solicitado una carretera, al menos las autoridades que la promocionan no han enseñado el documento de solicitud de una obra que está dañando profundamente a la madre tierra, donde hay lugares, animales y plantas sagradas. Desde que la comunidad de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) supo que se construiría una carretera que pasaría por su territorio buscó información, ya que no se le pidió su aprobación para la construcción de ese proyecto carretero.

Por eso los malos gobiernos han insistido mucho en que los pueblos indígenas somos objetos y no sujetos de nuestro propio destino. El gobierno hace proyectos sin tomarse la molestia de recabar la opinión de los afectados directamente, argumentando “el bien y el progreso”, cuando en realidad lo que busca es desmembrar la organización interna y saquear las tierras, montes y aguas que existen en su territorio. Nosotros los wixaritari no queremos ese progreso, nosotros queremos una relación respetuosa con la madre tierra que está viva.

El 9 de septiembre de 2007 en una reunión extraordinaria para tratar temas de la cultura wixarika (huichol) en la localidad de Keuruwita (Las Latas), dentro de la comunidad de Tuapurie, se presentaron el secretario de Desarrollo Urbano en Jalisco (Sedeur), el delegado en la entidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y los presidentes municipales de Bolaños y Huejuquilla el Alto, los dos de Jalisco. Les informaron a los asistentes que estaba en proceso la construcción de una carretera que cruzaría por las tierras comunales de Tuapurie, afectando 19 kilómetros aproximadamente y que traería “muchos beneficios”. Es importante señalar que esta visita de los funcionarios se hizo pasando apenas unos pocos días de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declarara que ese tramo carretero quedaba suspendido por presentar inconsistencias ambientales.

Los comuneros les contestamos que no fuimos consultados desde un principio, que no estábamos de acuerdo con ese proyecto y que no éramos mayoría en esa asamblea para tomar una decisión; acordamos discutirlo en la próxima asamblea ordinaria donde estuviera presente la mayoría y decidir si se aceptaba o rechazaba la carretera.

En la asamblea ordinaria de Tuapurie el 11 de noviembre del 2007 se supo que las autoridades agrarias fueron presionadas, perseguidas y hostigadas por los presidentes municipales de Bolaños, Mezquitic y Huejuquilla, acompañados con gente de la CDI y policías municipales, para firmar documentos que daban la anuencia para que se construyera la carretera. La asamblea, que es la máxima autoridad en la comunidad, desconoció lo que firmaron las autoridades, ya que se obtuvieron de forma ilegal, y emitió un documento que exigía a las autoridades involucradas que informaran a la comunidad al respecto, que entregaran el estudio de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo. Se entregó al gobernador de Jalisco, al director de la Sedeur, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco y a la delegación de la Profepa.

Tres meses después, el 11 de febrero de 2008, la asamblea comunal decidió sesionar en el paraje denominado Ciénega de los Caballos, parando pacíficamente la maquinaria que estaba destruyendo la naturaleza para construir la carretera, y exigiendo se presentaran los funcionarios que la promovieron para decirles que cancelen la obra porque la comunidad, a través de su asamblea, no ha autorizado la carretera; hasta ahora los funcionarios titulares no han querido dar la cara a la comunidad.

Un documento que evidenció la forma como opera el gobierno para imponer sus proyectos a como dé lugar fue que elaboró una segunda convocatoria y su respectiva acta de asamblea apócrifas, es decir, falsificó esos documentos e indujo a las autoridades agrarias a firmarlas y sellarlas. Por estos hechos la comunidad demanda que sean investigados los responsables, destituidos de sus cargos y se les finquen responsabilidades.

Después de que la asamblea detuvo la carretera, el gobierno no ha hecho más que hostigar nuestro plantón con la visita constante de policías y el sobrevuelo de helicópteros militares; asimismo el presidente de Bolaños ha declarado que “quieran o no los huicholes, vamos a meter proyectos ecoturísticos”, mientras Emilio González Márquez asegura que no detendrá la carretera, que insistirá “hasta que convenza a los huicholes”

Las declaraciones y acciones del Estado mexicano son una amenaza de despojo, basadas en el desprecio a los pueblos originarios. A pesar de eso, hoy los pueblos indígenas seguimos vivos, despiertos, atentos y organizados, tejiendo redes y espacios como el Congreso Nacional Indígena.

*Vocero de Tuapurie y miembro de AJAGI

Escrito por tepeuxila el 26/02/2008 17:10 | Comentarios (0)

Privatizar es el nombre del juego

Privatizar es el nombre del juego

Carlos Fazio

La jornada, febrero 25 de 2008.

El 29 de marzo de 2007, en un pequeño ejido del municipio Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, Felipe Calderón confió que se le había cumplido un “sueño”. Rodeado de un férreo cinturón de policías y soldados uniformados, recordó que de niño esperaba al viento para hacer volar sus papalotes. Y ahora, allí, su sueño se cumplía. Se refería a la inauguración de la central eólica La Venta II, proyecto, señaló, “que me tocó discutir, autorizar e impulsar cuando fui secretario de Energía”. Después, en el contexto de un acto solemne de impronta priísta –con un par de miles de campesinos acarreados al son de 200 pesos y una torta–, Calderón dijo que para “superar” la miseria era indispensable “desterrar” el odio, la violencia, la impunidad, el abuso y la corrupción entre hermanos y llamó a “olvidar los rencores” y “cicatrizar las heridas”. En su turno, Ulises Ruiz –señalado como responsable intelectual de 26 asesinatos y el encarcelamiento de cientos de luchadores sociales oaxaqueños– lo nombró “presidente legítimo”. En ese estado, la alianza PRI/PAN quedaba sellada.

Lo del papalote de Calderón era un cuento para niños. En realidad, privatizar era el nombre del juego. Y privatizar la electricidad bien valía un Ulises. Porque de eso se trataba el acto: con la inauguración de la “granja” eólica La Venta II recomenzaba la apropiación furtiva del istmo de Tehuantepec y una nueva fase del Plan Puebla-Panamá (PPP). Por eso un proyecto de generación de energía “limpia” se ensuciaba con un vasto operativo castrense. Porque la militarización es una constante asociada a los grandes proyectos empresariales en América Latina, y una de las bases sobre las que Calderón ha basado su mandato en México. Se trata de dar garantías de estabilidad y seguridad a los inversores, manu militari; ése fue el mensaje.

En el caso de La Venta II, la central fue concesionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional española Iberdrola, y construida por su “brazo eólico” Gamesa, mediante el despojo de 800 hectáreas ejidales y con base en amenazas, manipulaciones, arreglos amañados y pagos por arrendamiento de tierra irrisorios a los comuneros. Como fuente de energía, la eólica no representa problema. Pero su apropiación privada sí. También los métodos gansteriles y los contratos leoninos que utilizan las compañías trasnacionales para imponer sus “inversiones” y apropiarse de la tierra de los campesinos, con la complicidad gubernamental vía el Procede. Es para satisfacer la avidez de los capitalistas extranjeros, y con la bendición de las agencias de “desarrollo” que dependen del Tesoro estadunidense, que el calderonismo impulsa más contrarreformas a la legislación secundaria como vía encubierta para privatizar la industria eléctrica.

Las concesiones a particulares no pueden estar por encima de los artículos 27 y 28 constitucionales, que determinan la exclusividad de la nación en el aprovechamiento y explotación de la energía eléctrica, un servicio público. Se argumentó que una vez que el constructor recupere su inversión, La Venta II pasará a control de la CFE. Pero Calderón anunció la construcción de La Venta III, IV y V en Santo Domingo, San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo, en el istmo de Tehuantepec, y ésos sí serán proyectos totalmente privados, sobre los que tienen puesta la mira las trasnacionales españolas Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, así como Electricité de Francia, y las estadunidenses Exxon y General Electric.

Pero hay un nuevo jugador: el Grupo Gándara Censa, del magnate español Manuel Carlos Mouriño Atanes, radicado en Vigo, ex miembro de la organización Amigos de Fox en el sureste mexicano y padre del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. El clan Mouriño es propietario, además, del Grupo Energético del Sureste (GES), que cuenta con 38 gasolineras, y que en 2008, mediante una coinversión con la española Gándara, tiene planeado instalar una “maquiladora de torres eólicas” de última generación en la porción mexicana del PPP.

Según anunciaron representantes del grupo corporativo, GES y Gándara Censa trabajarán como una empresa auxiliar de grandes consorcios españoles del sector de la energía. Con un dato adicional: La Venta II y los nuevos proyectos eólicos en curso forman parte del PPP, que a través de préstamos condicionados del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca crear la infraestructura necesaria para atraer inversión extranjera en el marco de la liberalización económica propia de los tratados de libre comercio. En el ámbito energético, La Venta alimentará al Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (Siepac), que une Guatemala con Panamá y que a través de México llevará energía al mercado estadunidense.

Y allí le aparecen las patas a la sota. El “sueño” de Calderón de convertir el aire en mercancía era compartido con Juan Camilo Mouriño. Ambos palomearon el proyecto privatizador cuando Calderón era titular de la Secretaría de Energía y Mouriño subsecretario de Electricidad de la dependencia. Por eso ahora la prioridad de ambos es que se aprueben contrarreformas para que los particulares puedan participar plenamente en la generación de energía. Pero no se trata sólo de entreguismo, sino de negocios. Negocios privados amarrados desde el poder del Estado. Sólo que para concretarlos necesitan de la represión. Es decir, del Plan México que se apresta a financiar la administración de George Bush, previa aprobación por el Congreso de Estados Unidos.

Escrito por tepeuxila el 26/02/2008 17:06 | Comentarios (0)

Wixáritari: derechos en serio

Magdalena Gómez

La Jornada, febrero 26 de 2008.

Para quienes en ocasiones consideran que los pueblos indígenas no están presentes, va un botón de muestra de las razones y derechos fundados que los movilizan.

Como sabemos, la comunidad wixárika (huichola) de Tuapurie, de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, ha decidido oponerse a la construcción de una carretera que atenta contra su territorio: la de Amatitlán-Bolaños, en Huejuquilla el Alto, Jalisco. Unos mil comuneros, entre hombres, mujeres, ancianos y niños, se han instalado en asamblea permanente en el paraje conocido como Ciénega de Caballos o El Reventón, que se encuentra en tierras propiedad de la comunidad (La Jornada, 22/2/08).

No es la primera vez que se deciden y ejecutan proyectos en nombre del “progreso” y a espaldas y en contra de la voluntad de los pueblos indígenas; tampoco lo es que del lado gubernamental se realicen maniobras para obtener “autorizaciones”. Éste es el caso que ya ha sido denunciado.

Los wixárika se han empeñado en defender su territorio ancestral y para ello han dado la batalla jurídica desde hace varias décadas a nivel nacional e internacional. Todo ello acompañado de un seguimiento puntual desde las asambleas de sus comunidades y de una vigilancia cercana a sus autoridades comunales agrarias para que respeten los acuerdos. Ante la destrucción tanto ecológica como en la ruta de sus lugares sagrados, la asamblea ordinaria decidió detener las obras. Al mismo tiempo ya gestionó un amparo agrario ante las evidencias de falsificación de documentos supuestamente emanados de una “asamblea” que nunca se realizó y piden que se saquen las máquinas y de inmediato se haga lo necesario para mitigar los daños ambientales.

Como bien explicó Juan Cosío Candelario, vocero de Tuapurie y miembro de AJAGI: “Nosotros, los wixáritari, no queremos ese progreso, nosotros queremos una relación respetuosa con la madre tierra que está viva”. (Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, La Jornada, 24/2/08).

Este caso ofrece una oportunidad para la aplicación de la Declaración de derechos de los pueblos indígenas, aprobada recientemente en Naciones Unidas en interconexión con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el primero de los documentos se establece la necesidad de lograr el consentimiento previo para la realización de obras; en el segundo, si bien sólo se habla del derecho a la consulta previa, al respecto se han definido criterios y recomendaciones al gobierno mexicano.

Recordemos que, no obstante la precariedad de los mecanismos de la OIT, en 2001 fueron presentadas varias reclamaciones en el contexto de la contrarreforma indígena; tres años después se obtuvieron resultados parciales, pero que entrañan un esfuerzo de interpretación favorable a los pueblos indígenas.

Los promoventes señalaron que se debe hacer una diferenciación conceptual entre un acto de consulta conforme al convenio respecto a cualquier acto de consulta nominal, información o audiencia realizados por las autoridades públicas. El comité tripartita de la OIT emitió una serie de recomendaciones consistentes en señalar:

“Que se solicite al gobierno mexicano que al desarrollar, precisar o implementar las reformas constitucionales mediante medidas legislativas o administrativas, sean éstas de nivel federal o de los diferentes estados, haga lo necesario para que se aplique plenamente el artículo 6 en el proceso de adopción de tales medidas y que al aplicar dicho articulo: siente criterios de representatividad, tome en cuenta, en la medida de lo posible, las propuestas de los reclamantes en cuanto a las características que ha de tener una consulta para ser efectiva; determine un mecanismo de consulta que se adecue en el método utilizado con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, independientemente de que esto se logre o no: tenga en cuenta, al determinar los mecanismos de consulta, los valores, concepciones, tiempos, sistemas de referencia e incluso formas de concebir la consulta de los pueblos indígenas (GB289/17/3/2004-02-0047-3ES. Doc. Numeral 34). ”

Los wixárika dan muestra de que el artículo 6 del convenio 169 no se respetó, al no cumplir con las garantías procedimentales establecidas en el mismo en relación con el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente, de buena fe, de manera adecuada al caso, a todos los niveles, con miras a alcanzar un acuerdo y a través de sus instituciones representativas.

Esta experiencia nos muestra una vez más que si bien los pueblos reivindican las vías jurídicas para lograr respeto a sus territorios, también ejercen el derecho a la protesta social, como están haciendo otros sectores sociales. Sería deseable que intervengan las instancias de Naciones Unidas; bien vale la pena demostrar que los derechos son algo más que discurso. Los wixárika los practican a contrapelo del Estado; de eso se trata la autonomía.

Escrito por tepeuxila el 26/02/2008 16:59 | Comentarios (0)

La Minería y su grave impacto sobre los Bosques y los Pueblos

La Minería y su grave impacto sobre los Bosques y los Pueblos

14-08-03, Por Forest Peoples Programme *

La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie puede (debe) caberle duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye un factor de depredación de los mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo.

La minería es un problema y debe ser tratada como tal

El concepto de "sustentabilidad" está siendo vaciado cada vez más de contenido, especialmente a manos de quienes realizan actividades básicamente insustentables. Entre ellos es necesario mencionar una actividad que ya por definición no es sustentable: la minería. Se puede argumentar que la minería es necesaria para suministrar diversos bienes a los seres humanos, pero lo que por cierto no se puede argumentar es que sea sustentable, siendo como es una actividad basada en la extracción de recursos no renovables.

A pesar de eso, las corporaciones mineras están haciendo grandes esfuerzos para convencer a la opinión pública de que son "sustentables". Con ese objetivo en mente, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, por sus siglas en inglés) -- representante de varias de las corporaciones más destructivas del mundo -- contrató al Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo --que se autodescribe como una organización sin fines de lucro-- para llevar a cabo "un proyecto independiente de investigación y consulta de dos años con el objetivo de comprender cómo el sector de minería y minerales puede contribuir a la transición mundial hacia un desarrollo sustentable". El proyecto incluye, claro está, el necesario adjetivo de "sustentable": el "Proyecto de Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable".

El proyecto tenía, por supuesto, un objetivo político y fue parte del lobby de las corporaciones para la inclusión del absurdo concepto de "minería sustentable" en el informe oficial de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (CMDS). A pesar de la manifiesta oposición expresada por los activistas contrarios a la minería durante el proceso de la CMDS, las corporaciones mineras lograron su objetivo, y la minería fue declarada oficialmente -- como por arte de magia -- una actividad "sustentable".

Sin embargo, en el mundo real, decir que la minería es insustentable es en realidad quedarse muy cortos. Sus impactos exceden largamente lo que la gente consideraría normalmente como insustentable. La minería es responsable por la pérdida del sustento de millones de personas; está en las raíces de numerosas guerras civiles, dictaduras e intervenciones armadas extranjeras; es responsable por la violación generalizada de derechos humanos; es responsable por el envenenamiento de personas y del medio ambiente; es una de las causas directas y subyacentes más importantes de la deforestación y la degradación de los bosques. Esos y muchos otros impactos relacionados con la minería se describen en detalle en los artículos de este boletín.

Es verdad que la humanidad necesita una cierta cantidad de minerales para satisfacer algunas de sus necesidades, básicas o no. Pero también es igualmente cierto que el consumo excesivo de una parte de la humanidad está destruyendo las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte de la humanidad, que habita en áreas impactadas por la minería.

Debido a sus impactos, la minería es una de esas actividades que deben ser controladas estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo. En muchos casos, control estricto significa sencillamente prohibición. Pretender que las corporaciones mineras se controlarán a sí mismas es más que ingenuo: es absurdo. Incluso el control de los propios gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta el poder económico y político que las corporaciones mineras han demostrado tener sobre ellos. Se debe empoderar a la sociedad en su conjunto para que participe directamente en este control.

Pero ante todo, los pueblos que viven en las regiones ricas en minerales deben tener la capacidad de tomar decisiones plenamente informadas para decidir si permiten o no actividades de minería en sus territorios. Y en caso de aceptar, deben tener el poder para decidir cómo se debe llevar a cabo la actividad, de forma de asegurar la conservación ambiental y la justicia social.

A pesar de sus pretensiones de "sustentabilidad", la minería es un problema grave y como tal debe ser tratado.

Para entender la minería: empezando por el principio

La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de minerales que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Los minerales pueden ser metales (como oro y cobre) y no metales (como carbón, amianto, grava). Los metales están mezclados con muchos otros elementos, pero ocasionalmente se encuentran grandes cantidades de ciertos metales concentrados en un área relativamente pequeña --el yacimiento-- de donde se puede extraer uno o más metales con beneficio económico. Los impactos de la minería tienen que ver con la mina en sí, con la eliminación de los residuos de la mina, con el transporte del mineral y con el procesamiento del mismo, que a menudo involucra o produce materiales peligrosos.

Las minas pueden ser de varios tamaños, desde operaciones pequeñas que producen menos de 100 toneladas al día, hasta minas grandes que mueven cientos de miles de toneladas. El método de explotación utilizado para extraer determinado depósito de mineral depende del tipo, tamaño y profundidad del yacimiento mineral y de los aspectos económico financieros de dicho emprendimiento.

Hasta mediados del siglo veinte, la minería subterránea era el método más común de extraer yacimientos masivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los avances en la tecnología y el desarrollo de razadoras, niveladoras, palas y camiones más grandes y poderosos permitieron el movimiento de enormes cantidades de materiales, que promovieron la explotación en minas a cielo abierto. No obstante, siguen existiendo minas subterráneas, como las de oro de Witwatersrand, en Sudáfrica --las más profundas del mundo--, o las de El Teniente, en Chile --la mina subterránea más grande del mundo--, u Olympic Dam, en Australia. A la mina subterránea se accede por un pozo o una rampa que desemboca en las galerías y niveles de producción, los cuales están conectados entre sí por pozos inclinados que sirven para acarreo de mineral y movimiento del personal. Se utilizan perforadoras y explosivos para romper la mena -- la mezcla de minerales de la que se puede extraer uno o más metales -- bajo tierra.

Generalmente, este tipo de minería tiene menor impacto ambiental que las minas a cielo abierto. La perturbación en la superficie de la tierra es menor, pero puede igualmente tener efectos sobre el agua al contaminarla con ácidos y metales e interceptar acuíferos. Los trabajadores están expuestos a situaciones aún más peligrosas que los que trabajan en minas a cielo abierto, por el riesgo de hundimientos, mala calidad del aire y explosiones subterráneas. Las compañías han abandonado progresivamente este método por un problema de rentabilidad, si bien minerales tales como carbón, níquel, zinc o plomo siguen siendo en general extraídos con métodos de minería subterránea.

Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo lo son mediante la modalidad de minería de superficie, que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats). Dentro de este tipo de minería se distinguen, entre otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales de roca dura), las canteras (para materiales de construcción e industriales, como arena, granito, pizarra, mármol, grava, arcilla, etc.), y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de los minerales).

La apariencia de las minas a cielo abierto (o de tajo abierto) es la de terrazas dispuestas en grandes fosas anchas profundas en medio de un paisaje desolado, desnudo y carente de recursos vivos. La operación suele comenzar con la remoción de vegetación y suelo, luego se dinamita extensamente y se remueven la roca y los materiales que se encuentran por encima de la mena hasta llegar al yacimiento, donde vuelve a dinamitarse para obtener trozos más pequeños. Las nuevas tecnologías, que permiten mejores rendimientos en la velocidad de extracción y procesamiento del mineral, acrecientan los problemas ambientales, pues los materiales de desecho no revierten normalmente en la recuperación del lugar.

Las canteras son minas de superficie muy semejantes a las minas a cielo abierto, pues el resultado final de su explotación es también un paisaje desolado de profundas zanjas entre anchos escalones. La agresión al medio ambiente que por sí misma genera este tipo de minería se agrava por su proximidad a las zonas urbanas, pues se busca reducir los gastos de transporte para lograr mayor rentabilidad. Esa proximidad produce nuevos problemas ambientales, pues las excavaciones realizadas, que ya carecen de cubierta vegetal, terminan convirtiéndose en vertederos urbanos, además de afectar las aguas superficiales y subterráneas próximas a la explotación.

En la minería por lixiviación se utilizan productos químicos (por ejemplo ácido sulfúrico en el caso del cobre o una solución de cianuro y sodio en el caso del oro) para disolver (lixiviar) los metales en cuestión del mineral que los contiene, obteniendo una muy alta tasa de recuperación. Puede darse en la variante de lixiviación in situ (se perfora con taladros la roca intacta y se agrega el solvente) o la muy frecuente lixiviación de cúmulos de mineral triturado. Las soluciones químicas utilizadas no sólo liberan los metales deseados sino que también movilizan otros metales pesados (como el cadmio), por lo que las aguas superficiales y subterráneas suelen contaminarse.

Aún cuando los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y de mina, se trata de una actividad intrínsecamente insustentable, pues implica la explotación de un recurso no renovable mediante procedimientos destructivos o contaminantes, como la trituración, la molienda, el lavado y clasificación de los minerales, la refinación y la fundición. En la actualidad resulta doblemente destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha acrecentado su capacidad productiva. (1)

Minería: más una maldición que una bendición

Actualmente existe evidencia irrefutable de que la minería limita gravemente la capacidad de una nación de sustentar el crecimiento económico (incluso dentro de las definiciones estrechas a las que en general adhieren los estados nacionales). Esto resulta un descubrimiento "sorprendente" para quienes piensan que las "riquezas" contenidas en el suelo se traducen infaliblemente en dinero en el banco. Pero para quienes adoptan un análisis anticolonialista de la acumulación de capital, la razón fundamental para la discrepancia no es difícil de descubrir. Zaire, Bolivia y Sierra Leone no son simplemente "pobres"; han sido empobrecidos sin piedad durante cientos de años. Gran parte de la "deuda externa" demoledora que arrastran los países "más pobres" del mundo en realidad supuestamente se adeuda por capital que nunca fue invertido en el auto-desarrollo de los pueblos. En su lugar, se invirtió en construir minas, represas, centrales eléctricas y plantas de procesamiento para transformar capital "natural" --no sólo hierro, cobre, bauxita, diamantes, sino también agua, tierra y aire-- en valor exportable.

Los pueblos han extraído minerales de la tierra desde tiempos muy antiguos. Los babilonios, asirios y bizantinos tenían minas de cobre y plomo hace miles de años en lo que hoy es el sur de Jordania por ejemplo. Pero desde la revolución industrial, los minerales se han extraído y utilizado en cantidades mucho mayores. En tiempos recientes, esta tendencia se aceleró en forma importante: en 1999, cerca de 9,6 mil millones de toneladas de minerales comercializables fueron extraídos del suelo, casi dos veces más que en 1970. Esta cifra se refiere a los minerales que llegan finalmente al mercado, pero no incluye los residuos generados para producir esos minerales, la parte no utilizada de la mena (la roca o tierra que contiene los minerales), o la tierra removida para alcanzar la mena. Si esas categorías se incluyeran en la cantidad total de materiales extraídos cada año, la cifra aumentaría considerablemente.

Los países industriales consumen más de dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, con el 15 por ciento de la población mundial, en conjunto consumen la mayoría de los metales producidos cada año: aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero. En un cálculo per capita, los distintos niveles de consumo son especialmente marcados: el estadounidense promedio utiliza 22 kilogramos de aluminio al año, el ciudadano promedio de la India usa 2 kilogramos y el africano promedio apenas 0,7 kilogramos.

Sin embargo, las comunidades locales y los pueblos tribales de los países ricos en recursos son los más afectados por los efectos perjudiciales ambientales, culturales, sociales y de salud de las actividades de exploración y explotación minera. Urgidos por las políticas macroeconómicas impulsadas por las instituciones comerciales y crediticias internacionales, muchos países empobrecidos se aferran a la minería como actividad "básica" para generar las tan necesarias divisas extranjeras. Hay casos en que como mínimo el 40% de las exportaciones depende de un solo producto mineral, como el caso del cobre en Zambia, los diamantes en Botswana, la República Centroafricana, Gambia, Liberia y Sierra Leona, el aluminio en Guinea y Surinam, el mineral de hierro en Mauritania. Si bien estos datos son relativamente antiguos (de 1994), ilustran una tendencia que todavía se mantiene. Doce de los veinticinco estados más dependientes de minerales del mundo (la mayoría de ellos concentrados en el África subsahariana) fueron clasificados por el Banco Mundial como "países pobres altamente endeudados", la categoría de países más complicada.

El proceso impuesto de desregulación y liberalización del mercado ha llevado a la privatización y exención de impuestos que ha beneficiado a las corporaciones mineras extranjeras. Por otro lado, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas cuanto mayor sea la dependencia de la exportación de minerales de los países del Sur, su estándar de vida será probablemente peor. Niveles más altos de dependencia de los minerales se correlacionan estrechamente con mayores niveles de pobreza y tasas de desnutrición y mortalidad infantil. También se asocian con desigualdad de ingresos, bajos niveles de gasto en atención de salud, bajas tasas de inscripción en escuelas primarias y secundarias, y bajas tasas de alfabetización de adultos, así como una mayor vulnerabilidad a las crisis económicas. Estudios académicos recientes revelan que los niveles de vida generales en los países dependientes de minerales tienden a sufrir de tasas inusualmente altas de corrupción, gobiernos autoritarios, ineficacia gubernamental, gastos militares y guerras civiles.

Con excepción del mercurio, amianto y plomo --que están especialmente en la mira debido a su toxicidad ambiental-- la producción de los principales metales ha aumentado en una forma exponencial que no tiene ninguna relación con la satisfacción de las necesidades humanas básicas, pero tiene mucho que ver con la pura e insaciable sed de lucro de las corporaciones. Ha habido mucho movimiento dentro de la industria de la minería en los últimos años. Las compañías mineras han racionalizado sus operaciones y se han embarcado en fusiones y adquisiciones para mantener, consolidar, fortalecer y ampliar el espectro de actividad mundial de las transnacionales de la minería. Ha habido una concentración creciente de la inversión en la búsqueda de oro y diamantes, que son atractivos más por su rentabilidad que por su utilidad.

Aunque el escenario minero internacional incluye un número relativamente grande de empresas, sólo unas pocas -- que además se vuelven crecientemente más grandes a través de fusiones-- parecen dominar el escenario. La mayoría son originarias de un puñado de países, entre los que los más importantes son Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Entre las empresas más conocidas de esos países se incluyen Rio Tinto, Barrick Gold Corporation, Freeport MacMoran, BHP-Billiton, Newmont, Placer Dome y muchas otras. Ejemplos de los impactos de sus operaciones están registrados en este boletín. Sin embargo, otros actores internacionalmente más pequeños pueden ser extremadamente importantes a nivel local y también aquí se incluyen ejemplos. Independientemente de su importancia relativa a nivel internacional, todas tienen dos cosas en común: son extremadamente rentables y extremadamente perjudiciales.

Por otra parte, la minería puede ser muy lucrativa para las compañías, pero no para las comunidades locales de las áreas donde los recursos minerales son importantes. A medida que se explotan los depósitos minerales de más fácil acceso, el hambre por nuevas fuentes baratas impulsa a la industria a intensificar cada vez más la exploración en territorios indígenas. Comunidades que antes dependían de los recursos naturales, sufren pérdidas inmediatas como resultado de las actividades de minería en gran escala. Sus formas de sustento se ven socavadas, sus organizaciones sociales perturbadas y sus culturas transformadas. Las compensaciones en efectivo, si se pagan, no puede reparar estas pérdidas y la herencia oscura de las minas continúa incluso después de que la mina es abandonada. Los puestos de trabajo y sustentos perdidos en la agricultura, pesca y la minería en pequeña escala exceden por mucho los que ofrece la minería. Los pobladores locales a menudo carecen de las habilidades requeridas para poder beneficiarse de algo que no sean los trabajos peores pagos y a más corto plazo disponibles.

A pesar de la promesa de riqueza que supone el desarrollo minero, en realidad la presencia de la riqueza minera puede incluso retrasar el desarrollo nacional y local. Según un estudio de 1999 de Arborvitae (IUCN, WWF), los países del sur "ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, niveles más bajos de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que los países en desarrollo no dependientes de minerales. De hecho, la mejor base de recursos de las economías minerales ha sido más una maldición que una bendición".

Es así que la promoción de la minería en gran escala se atrinchera en políticas, instituciones y mentalidades que visualizan el "desarrollo" como una iniciativa de arriba hacia abajo a imponer sobre las comunidades locales y el medio ambiente --la propia antítesis de un enfoque ambientalmente adecuado centrado en la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales de los pueblos y las generaciones futuras. (2)

Impactos ambientales y sociales de la minería

La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie puede (debe) caberle duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye un factor de depredación de los mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo.

Las actividades mineras comprenden diversas etapas, cada una de las cuales conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio, estas etapas serían: prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de las minas, explotación de las minas, tratamiento de los minerales obtenidos en instalaciones respectivas con el objetivo de obtener productos comercializables.

En la fase de exploración, algunas de las actividades con impacto ambiental son la preparación de los caminos de acceso, mapeos topográficos y geológicos, el montaje de campamentos e instalaciones auxiliares, trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento, tomas de muestras.

Durante la fase de explotación, los impactos que se producen están en función del método utilizado. En las zonas de bosque, la sola deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación --más vasta en los casos de minas de cielo abierto-- tiene impactos a corto, mediano y largo plazo. La deforestación no solo afecta el hábitat de cientos de especies endémicas (muchas llevadas a la extinción), sino el mantenimiento de un flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. La deforestación de los bosques primarios causa una rápida y fluida escorrentía de las aguas provenientes de las lluvias, agravando las crecidas en los periodos de lluvia debido a que el suelo no puede contener el agua como lo hace en presencia de las masas boscosas.

Además del área perturbada por la socavación, el desgaste que las minas provocan en la superficie por la erosión y colmatación (sedimentación del lecho de los cursos de agua) consiguientes, se ve agravado por los montones de residuos de roca sin valor económico (a los que se llama material estéril), que suelen formar enormes montañas a veces más grandes que la superficie sacrificada para la socavación.

El enorme consumo de agua que requiere la actividad minera generalmente reduce la napa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales. El agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido, es decir la exposición al aire y al agua de los ácidos que se forman en ciertos tipos de mena --especialmente las sulfúricas-- como resultado de la actividad minera, los que a su vez reaccionan con otros minerales expuestos. Se genera así un vertido autoperpetuado de material tóxico ácido que puede continuar durante cientos o incluso miles de años. Por otro lado, las pequeñas partículas de metales pesados que con el tiempo pueden separarse de los residuos, se diseminan con el viento depositándose en el suelo y los lechos de los cursos de agua e integrándose lentamente en los tejidos de organismos vivos como los peces.

Productos químicos peligrosos utilizados en las distintas fases de procesamiento de los metales, como cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos, si bien supuestamente están controlados, es moneda corriente que terminen, de una forma u otra, en el sistema de drenaje. La alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos colaterales muy graves que afectan a los ecosistemas circundantes --de manera especialmente agravada a los bosques-- y a las personas.

La contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la actividad minera, que constituye una causa grave de enfermedad, generalmente de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de plantas y árboles. Por otro lado, suele haber emanaciones de gases y vapores tóxicos, producción de dióxido de azufre --responsable de la lluvia ácida-- por el tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano --dos de los principales gases de efecto invernadero causantes del cambio climático-- por la quema de combustibles fósiles y la creación de lagos artificiales detrás de los embalses hidroeléctricos destinados a proporcionar energía para los hornos de fundición y las refinerías.

La actividad minera, además, consume enormes cantidades de madera para la construcción --en el caso de las minas subterráneas--, y también como fuente de energía en el caso de las minas con hornos de fundición a base de carbón vegetal. También, cuando se realiza en zonas remotas, implica grandes obras de infraestructura, como carreteras --que abren el acceso a los bosques--, puertos, poblados mineros, desviaciones de ríos, construcción de embalses y centrales generadoras de energía.

Tanto el ruido ensordecedor de la maquinaria utilizada en la minería como las voladuras no son un impacto menor, ya que crean condiciones que pueden resultar insoportables para las poblaciones locales y la fauna de los bosques.

Se aduce que la minería es vital para la industrialización, porque aporta materias primas y fuentes de energía. No obstante, la desproporcionada concentración de inversión actual en la búsqueda de oro y diamantes, que son marginales para la producción industrial, dan por tierra la justificación social del sector para sus actividades. En 2001, el 82% del oro refinado tuvo como destino el mercado de la joyería, y vale la pena tener en cuenta que para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de roca generados en una mina es de más de 3 toneladas. En Estados Unidos, la compañía Pegasus Gold hizo desaparecer la montaña Spirit Mountain de Montana, reemplazando lo que fuera sitio sagrado de las tribus por una mina de oro a cielo abierto. Durante los próximos 1.000 años, el sitio seguirá destilando ácido en la cuenca de la región.

Las distintas "fiebres del oro" a lo largo de la historia han llevado muerte y devastación a las poblaciones locales. Desde los Sioux de Black Hills a los aborígenes de Bendigo en Australia, la historia del oro está manchada de sangre. Y hoy, los Yanomami y los Macuxi de la Amazonia, los Galamsey de África Occidental y los Igorot de Filipinas, corren el mismo peligro.

La minería llega a un lugar con su promesa de generación de riquezas y empleo, pero se cuentan en millones quienes en todo el mundo pueden dar testimonio de los altos costos sociales que trae consigo: apropiación de las tierras de las comunidades locales, impactos en la salud, alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento y de vida de las comunidades, desintegración social, cambios radicales y abruptos en las culturas regionales, desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras. Todo eso aparte de las condiciones laborales peligrosas e insalubres de ese tipo de actividad.

Puede aducirse que muchas de las comunidades afectadas han dado su consentimiento. Pero difícilmente puede hablarse de consentimiento informado previo genuino, ya que no tienen la oportunidad de saber cabalmente lo que les espera cuando se les pide que pongan su firma sobre la línea punteada al pie de un contrato. Es por eso que se reclaman mecanismos que permitan a las comunidades indígenas y locales participar efectivamente en los procesos decisorios, así como normas que les permitan rechazar ese tipo de emprendimientos en sus territorios.

Si hay quienes de todas maneras desean usar oro, o bien utilizarlo para las arreglos odontológicos o en los microcircuitos de las computadoras y teléfonos celulares, está bien. Pero, como alguien propone: saquémoslo de fuentes recicladas. De las 125.000 toneladas de oro extraídas de la tierra, más de 35.000 toneladas yacen en las bóvedas de los bancos centrales. Es más, la Reserva Federal de Estados Unidos posee 8.145 toneladas de oro, aproximadamente el 6% de todo el oro extraído. Entonces, ¡qué mejor que reciclarlo de las bóvedas de los bancos!(3)

Minería con ejércitos mercenarios

Un número cada vez mayor de nuevas operaciones de seguridad de las corporaciones en todo el mundo vinculan a ex oficiales de inteligencia, de ejércitos y veteranos de escuadrones de la muerte. Van al combate pagados por nuevos jefes: las industrias mineras.

El advenimiento de nuevas tecnologías como el mapeo por satélite asistido por computadora y el uso de cianuro para extraer oro han convertido operaciones antes marginales en potenciales fábricas de hacer dinero (para las transnacionales). El colapso de la Unión Soviética y la firma de tratados de libre comercio en todo el mundo ha abierto a países como Angola, que antes estaban fuera de los límites de las multinacionales occidentales. Y por último, la disponibilidad de capital y la mitigación del riesgo han sido asegurados por instituciones financieras internacionales, como las agencias bilaterales y multilaterales incluyendo al Banco Mundial y el Banco de Importación-Exportación de EE.UU. Están ansiosos por proporcionar dinero y seguro contra riesgo político a proyectos privados de extracción de recursos prácticamente en cualquier lugar del mundo.

Hace algunos años, Tim Spicer, ex miembro de los Servicios Aéreos Especiales británicos (SAS, por su sigla en inglés), tuvo una reunión con dos altos funcionarios gubernamentales en relación a la compra de una mina de cobre de propiedad de Rio Tinto, el gigante minero anglo-australiano, en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Menos de un mes después era conducido a un tribunal de Papúa Nueva Guinea por haber sido contratado por el gobierno para proporcionar un ejército mercenario para tomar la mina de cobre. Su misión había sido vencer a un pequeño grupo de luchadores por la libertad que habían cerrado la mina de cobre durante casi diez años. Cuando la noticia del contrato de Spicer se hizo pública, ciudadanos comunes y oficiales del ejército local tomaron la ley en sus propias manos. Los disturbios produjeron el cierre de tiendas, bancos y escuelas, y el bloqueo de las principales carreteras, hasta que camiones de policías armados con rifles automáticos finalmente dispersaron a la multitud enfurecida con gas lacrimógeno y balas de goma (ver Boletín N° 7 del WRM).

Mejor suerte tuvieron en Colombia dos ex oficiales del SAS. Sus cajas negras llenas de armas y municiones pasaron sin problemas por el punto de control a cargo de un colega, Bill Nixon, ex oficial de inteligencia británico, cuyo nuevo trabajo era brindar seguridad en el aeropuerto privado de propiedad de British Petroleum (BP). Los tres mercenarios habían sido contratados por BP para ayudar a entrenar a la policía colombiana --famosa por sus abusos contra los derechos humanos-- para proteger la plataforma petrolífera de Dele-B. La compañía petrolera interpretó las consideraciones de seguridad en forma amplia. Según un informe encargado por el gobierno colombiano, BP colaboró con soldados locales involucrados en secuestros, tortura y asesinatos. El documento no publicado alega que la compañía petrolera recopiló información incluyendo fotos y filmaciones de video de las protestas de los pobladores locales contra las actividades petroleras-- y pasó la información a los militares colombianos que después arrestaron o secuestraron a los manifestantes como "subversivos".

La mayoría de los hombres que gestionan las operaciones con mercenarios tienden a operar en segundo plano, empleando a otros hombres --asesinos a sueldo locales o importados-- en las operaciones de campo. Tanto el contrato de Colombia como el de Papúa Nueva Guinea fueron arreglados en oficinas de Londres, administradas por otros ex funcionarios de SAS como Anthony Buckingham, uno de los operadores más oscuros del negocio de la seguridad, que administra un miniconglomerado de compañías mineras, petroleras y mercenarias desde sus discretas oficinas londinenses. El ejército mercenario más infame contratado por los nuevos colonialistas es Executive Outcomes (EO) que suministró los soldados de alquiler a Buckingham y Spicer en Papúa Nueva Guinea.

La campaña más famosa de EO, sin embargo, fue en Sierra Leona en mayo de 1996. Los mercenarios de EO llegaron a Sierra Leona mejor equipados que la mayoría de los ejércitos de África, con helicópteros de ataque rusos, un sistema de intercepción de radio, dos Boeing 727 para transportar tropas y suministros, una aeronave Andover para evacuación de víctimas, y bombas aire-combustible (fuel air explosives, conocidas como bombas FAE). Utilizadas con resultados devastadores por EE.UU. en la guerra del Golfo, las bombas FAE --cuyo poder se ubica un escalón por debajo de las armas nucleares-- absorben el oxígeno después de la detonación, matando todo tipo de vida en una milla cuadrada a la redonda. La operación dejó a EO un lucrativo contrato de seguridad financiado con las ganancias obtenidas de las minas de diamantes.

Pero no son de ninguna manera los únicos actores principales. Existen al menos un par de docenas más que trabajan para la industria minera suministrando servicios de "seguridad" a las compañías y gobiernos de Colombia, Guyana y Venezuela en América del Sur; Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona en África occidental; Angola y Namibia en África del Sur; ex Zaire en África central; Sudán y Uganda en el este de África; Papúa Nueva Guinea e Indonesia en el Pacífico; y Kazajstán en Asia central. Muchos de estos reclutas son veteranos del Batallón 32 de Sudáfrica y de la Civil Cooperation Bureau (Oficina de Cooperación Civil) que fueron las unidades más notorias de las fuerzas del antiguo apartheid hasta que las elecciones trajeron un gobierno multirracial al poder hace pocos años.

Mientras tanto, la compañía minera Rio Tinto con base en el Reino Unido ha hecho esfuerzos en Indonesia para convencer al mundo de su compromiso con los derechos humanos. Durante los últimos dos años ha contribuido con fondos para el Premio de Derechos Humanos Yap Thiam Hien. Este año el premio fue ganado por el defensor de los derechos humanos y poeta Wiji Thukul, que está desaparecido desde 1996. En diciembre la familia rechazó el premio argumentando que Rio Tinto estaba involucrada en varias violaciones a los derechos humanos en sus operaciones mineras en Indonesia y que en 1992 había sido responsable del arresto de manifestantes que exigían el pago de una compensación adecuada por el uso de sus tierras.

En una declaración en apoyo a la postura de la familia, las ONGs indonesias JATAM, WALHI y TATR enumeran algunas de las violaciones de derechos humanos en las que ha estado involucrada Rio Tinto, incluyendo las cometidas en la mina PT KEM en Kalimantan del este, investigadas por la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia en 1999 y 2000. Las denuncias incluyen casos de abuso sexual y violación de dieciséis mujeres y niñas entre nueve y diecinueve años, el arresto de quince manifestantes en 1992 y la posterior muerte de uno de ellos; el desalojo forzoso de los mineros tradicionales realizado por los militares indonesios y la quema de cientos de casas entre 1982 y 1991. La declaración también describe la participación de Rio Tinto en distintos casos a través de sus acciones en la mina de cobre y oro Freeport Indonesia en Papúa occidental (Rio Tinto tiene una participación del 15% ); la mina Kaltim Prima Coal (co- ropiedad con BP); la mina de oro Lihir en Papúa Nueva Guinea y la mina Panguna en Bougainville. La declaración exhorta a los ejecutores del Programa del Premio Yap Thiam Hien a no seguir aceptando financiación de violadores de los derechos humanos. "No se debe dar a los violadores de los derechos humanos la oportunidad de que se libren de responsabilidad por sus acciones..."(4 )

Los impactos de la minería sobre las mujeres

Si bien la minería produce impactos negativos sobre todos quienes viven en las comunidades mineras en general y sobre quienes son afectados por las operaciones de minería, existen impactos diferenciados y cargas agregadas que afectan a las mujeres.

Es posible empezar a comprender los diferentes impactos al abordar situaciones concretas, como por ejemplo la sufrida por una mujer Dayak afectada por una mina de propiedad de la compañía PT-IMK en Indonesia.

"La Sra. Satar poseía una parcela de entre 10 a 15 hectáreas en las tierras tradicionales de la comunidad. En esta tierra podía cosechar lo suficiente para un año, e incluso a veces más. Con la introducción de la minería en su comunidad, perdió toda su parcela salvo una hectárea a manos de la compañía minera. En consecuencia, tuvo que comprar aproximadamente tres sacos de arroz por mes a un costo de 39.000 rupias por saco (precio de enero de 1998). Además, las operaciones de extracción de la compañía contaminaron el río, que ya no pudo ser utilizado para satisfacer las necesidades familiares, y ya no produjo pescado. Antes la Sra. Satar cocinaba pescado fresco cada día para su familia. Ahora a raíz de la contaminación, tiene que comprar pescado salado. Si cuenta con dinero suficiente, compra dos quilos de pescado salado al mes a un costo de 15.000 rupias el kilo. Para obtener agua para bañarse y para beber, debe hacer un largo camino hasta una fuente de agua que no esté afectada por los desechos de la compañía. Su sustento se ha visto todavía más deteriorado por la pérdida de sus dos búfalos a los que encontró muertos en la orilla del río contaminado".

También es necesario comprender que las compañías habitualmente solo entran en negociaciones con hombres, y excluyen a las mujeres de los pagos de compensaciones o royalties. Incluso tienen poco o ningún control sobre los beneficios de la explotación minera, ni acceden a ellos, en particular al dinero o al empleo. De esta forma, se las priva de sus medios de ocupación tradicionales y se vuelven cada vez más dependientes de los hombres, que tienen más probabilidades de acceder a esos beneficios y controlarlos.

La minería en gran escala supone la sustitución de las economías de subsistencia que han alimentado a generaciones de comunidades y pueblos indígenas, por una economía basada en el dinero en efectivo. La nueva economía basada en el mercado implica una erosión importante o incluso la destrucción de los valores y costumbres tradicionales que han sido esenciales en el sostenimiento de la solidaridad y la unidad de familias, clanes, tribus y comunidades. En este proceso, la mujer es cada vez más marginada, ya que sus roles tradicionales como recolectora de alimentos, suministradora de agua, cuidadora y nutridora resultan muy afectados. La visibilidad económica depende del trabajo en la esfera pública y a quien trabaja en tareas no remuneradas en el hogar o en la comunidad se lo categoriza como "improductivo, desocupado y económicamente inactivo".

Si bien tanto hombres como mujeres estaban antes a cargo de las actividades agrícolas, actualmente los hombres deben salir a trabajar fuera del hogar por un salario, aumentando de esa forma la carga de trabajo y las responsabilidades de las mujeres, lo que produce aún más estrés y tensiones. Además, la destrucción ambiental causada por la minería en gran escala también reduce la productividad de los campos y envenena los alimentos silvestres, la vida marina y los animales. Muchas mujeres se ven forzadas a ingresar en la economía informal para encontrar fuentes adicionales de ingreso.

Al mismo tiempo que la minería en gran escala brinda limitadas oportunidades de empleo para la mujer, el sector en pequeña escala absorbe a las mujeres como trabajadoras contratadas o mediante trabajo forzoso en condiciones de explotación severas. En India por ejemplo, los salarios de las mujeres son siempre más bajos que los de los hombres, no hay normas de seguridad, no existe licencia paga ni siquiera durante el embarazo o el nacimiento, no se proporciona equipo de trabajo, y no hay baños ni infraestructura disponible. Las mujeres desempleadas que viven en las comunidades mineras se ganan su sustento a duras penas hurgando en la escoria y los vertederos de desechos, a menudo en forma ilegal, y sufren el acoso permanente de los guardias de la compañía, la mafia local y la policía. Están expuestas a la explotación física y sexual de los dueños de las minas, contratistas y mineros, y están a merced de los comerciantes locales cuando venden sus minerales. Además, las mujeres trabajan con sustancias tóxicas y peligrosas y sufren de enfermedades laborales graves entre las que se incluyen problemas respiratorios y reproductivos, silicosis, tuberculosis, leucemia y artritis.

El abuso del alcohol, la dependencia de las drogas, la prostitución, las apuestas, el incesto y la infidelidad aumentan en muchas comunidades mineras. Todo esto ha empeorado los casos de violencia familiar contra las mujeres, la discriminación activa y a menudo brutal en el lugar de trabajo, que es frecuentemente sancionada o ignorada por las instituciones judiciales y políticas. Incluso las organizaciones de trabajadores dirigidas por hombres no denuncian las violaciones contra los derechos humanos cometidas contra las mujeres. La discusión entre esas organizaciones y las compañías mineras se orienta hacia temas económicos como aumentos de sueldo, subsidios, etc.

En resumen, la minería, sea en pequeña o en gran escala, está produciendo un gran número de impactos específicos sobre las mujeres, que están perdiendo en casi todos los aspectos relacionados con el desarrollo de esa actividad. La riqueza generada por la minería hunde todavía más a las mujeres en la pobreza, el desposeimiento y la exclusión social. (5)

Compañías mineras presionan sobre las áreas protegidas

Las compañías mineras se vieron conmocionadas por una "Recomendación" aprobada por el Congreso Mundial de la Conservación, realizado en Amman en 2002, que exigió terminar con la extracción petrolera, minera y de gas en todas las áreas protegidas comprendidas en las categorías I, II, III y IV de la UICN ("reserva natural estricta", "áreas silvestres", "parque nacional", "monumento natural" y "áreas de manejo de hábitats"). Muchas ONGs se vieron igualmente sorprendidas por la reacción de las industrias mineras: ¿de qué pensaban que había que proteger a esas áreas si no de actividades no sustentables como la minería? Por cierto, algunas fueron más allá: ¿por qué la decisión de Amman permite explícitamente la minería en las áreas protegidas de las categorías V y VI de la UICN - "paisajes terrestres y marítimos manejados" y "áreas protegidas con recursos manejados"?

La polémica sobre la relación entre las industrias de extracción y las áreas protegidas no ha dejado de sonar desde esa fecha. A fines del año pasado, miembros de Consejo de la UICN y miembros en general pusieron el grito en el cielo cuando el Secretariado de la UICN anunció, en el contexto de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, que estaba trabajando en pro de una nueva "sociedad" con las industrias extractivas. Como resultado del escándalo se suavizó el lenguaje. Ahora la UICN dice estar comprometida en un "diálogo" con las industrias, pero independientemente del término que se use, la realidad sigue siendo prácticamente la misma.

La "sociedad" o "diálogo" forma parte de una amplia estrategia de las industrias extractivas para rehabilitar su imagen sucia, manchada por un reguero de pérdidas de petróleo, restos de barcos petroleros, roturas de diques de los estanques de desechos de las minas, derrames de cianuro y mercurio, paisajes arruinados, sistemas hídricos saqueados, vertederos de desechos tóxicos, ecosistemas contaminados, violación de derechos humanos y destrucción de formas de sustento. El nuevo discurso de los promotores de relaciones públicas y expertos mediáticos (los llamados "spin doctors") de las industrias de extracción habla de "minería sustentable", "restauración de paisajes" y "responsabilidad empresarial"; la Iniciativa Mundial sobre Minería es una parte de esta estrategia, otra es el vínculo con la UICN.

El hecho es que las industrias extractivas necesitan habilitación para obtener acceso a las reservas de minerales, petróleo y gas donde sea que se encuentren en cantidades lucrativas: poner las categorías I a IV de la UICN fuera de su alcance las lesiona. Ahora se preguntan quién decide exactamente cómo se aplican esas categorías y qué situación legal tienen. Buscando ayuda para dar respuesta a estas interrogantes, varias compañías, entre las que se incluyen British Petroleum plc, Shell plc, y el Consejo Internacional de Minería y Metales, están coauspiciando un estudio financiado conjuntamente con la UICN, WWF y Conservation International, que presentará un informe al Congreso Mundial de Parques de setiembre de 2003. Casualmente, el propio estudio, 'Speaking a Common Language' (Hablando un lenguaje común), parece ser útil ( www.cf.ac.uk/cplan/sacl/ ). Pero la experiencia en su conjunto ha sido un golpe duro para aquellos que confiaron en el sistema de áreas protegidas. Si el sistema ahora va a ser desvirtuado por las industrias de extracción, necesitará del control vigilante de la sociedad civil y de medidas que aseguren que la UICN no vuelva a traspasar los límites.

El Banco Mundial debe dejar de promover la minería en tierras indígenas

Un nuevo informe de Forest Peoples Programme y la Fundación TebTebba exhorta al Banco Mundial a dejar de prestar apoyo a la extracción de petróleo, gas y minerales. El informe 'Extracting Promises: Indigenous Peoples, Extractive Industries and the World Bank' fue compilado como contribución a la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE, o EIR por su sigla en inglés) del Banco Mundial (el informe completo en inglés y los estudios de caso asociados se pueden obtener en http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/
Private%20sector/eir_internat_workshop_synthesis_rep_eng_may03.htm).

El proceso RIE ha sido criticado por muchos pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales por estar excesivamente controlado por el Banco Mundial. Resta por ver si contribuciones como ésta serán tomadas en serio por la revisión y, si así fuera, si las mismas serán tenidas en cuenta por el propio Banco Mundial. El estudio se apoya en una extensa revisión bibliográfica y análisis jurídico, siete estudios de caso encargados especialmente y realizados por pueblos indígenas sobre sus experiencias con el Banco Mundial y las industrias extractivas, y un taller de dos días en el cual se presentaron y discutieron las distintas contribuciones mencionadas.

El informe destaca que a pesar de avances importantes en las leyes sobre derechos humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las políticas del Banco Mundial hacen poca mención a los derechos humanos y el Banco continúa afirmando que su convenio constitutivo le impide abordar temas de derechos humanos. Argumenta que no puede exigir a sus prestatarios o clientes ni siquiera que cumplan con los convenios sobre derechos humanos de los que son parte. Las políticas de "salvaguarda" del Banco sobre pueblos indígenas y reasentamientos involuntarios solo apuntan a mitigar los impactos de programas de desarrollo destructivos. El estudio muestra cómo incluso estas normas débiles son ignoradas sistemáticamente. Una revisión reciente del propio Banco Mundial revela que por lo menos más de la tercera parte de los proyectos del Banco Mundial que producen impactos sobre pueblos indígenas, no han aplicado la política de salvaguarda de ninguna manera. Incluso en los proyectos en los que sí se aplicó esta política, sólo el 14% tenía el "Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas" exigido, y en ese caso solamente en los papeles.

El estudio muestra cómo, al promover el desarrollo nacional a través de la liberalización del comercio, el ajuste estructural y la promoción de la inversión extranjera directa, el Banco Mundial ha aconsejado sistemáticamente a los países que reelaboren sus códigos nacionales de minería para facilitar la actividad minera en gran escala de las compañías extranjeras. Estos códigos de minería revisados han sido aprobados a la fuerza, sin la participación de los pueblos indígenas y sin tomar en cuenta los intereses y derechos de estos pueblos. Los estudios de caso de Colombia y Filipinas muestran cómo los códigos de minería revisados han intensificado la presión sobre las tierras indígenas y han debilitado o anulado las protecciones legales con las que contaban previamente los pueblos indígenas. En Colombia, las reserves de petróleo y gas son explotadas por compañías que no rinden cuentas de sus actividades, disfrutan de impunidad legal al tiempo que violan sistemáticamente las leyes nacionales y aplican medidas gravemente represivas para doblegar la resistencia local. En Ecuador, el Banco Mundial también ha promovido prospecciones mineras a escala nacional, nuevamente sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y sin evaluar las probables consecuencias de una intensificación de la extracción de minerales.

El documento de síntesis y los estudios de caso también analizan la forma en que el Grupo del Banco Mundial, a través de sus diversos brazos (el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional para el Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral para la Garantía de Inversiones) ha apoyado directamente proyectos de explotación de minas, petróleo y gas sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sociales y ambientales y sin tomar en consideración la falta de políticas de gestión y capacidad institucional o reglamentaria de los países o regiones de los proyectos. En el caso del oleoducto Chad-Camerún, el Directorio del Banco Mundial votó seguir adelante con el proyecto, a pesar de que los Bagyeli, habitantes del bosque, y las ONG que los apoyaban habían demostrado claramente los riesgos, e incluso a pesar de que los propios miembros del Directorio admitían que la política de salvaguarda del Banco sobre pueblos indígenas no había sido aplicada adecuadamente. La Corporación Financiera Internacional ha apoyado la minería incluso en países divididos por la guerra, como la República Democrática de Congo, a cargo de compañías con malos antecedentes: proyectos que han sido condenados por las Naciones Unidas.

Los impactos de los emprendimientos de minería facilitados por el Banco han sido graves, no solo en términos de los impactos sociales y ambientales directos producidos por las propias minas o pozos, sino también en función de los derrames de sustancias químicas tóxicas como cianuro y mercurio, la rotura de oleoductos y diques de los estanques de residuos de la mina, y la contaminación a largo plazo a consecuencia del drenaje ácido de las minas. El estudio de caso de Papúa Nueva Guinea revela el apoyo del Banco Mundial al uso de la técnica sumamente polémica de eliminación submarina de desechos -"ojos que no ven, corazón que no siente"-, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para los ecosistemas marinos y las formas de sustento que dependen de ellos. Los funcionarios, asesores y consultores del Banco Mundial que trabajan con compañías mineras en representación de la Corporación Financiera Internacional y los Socios Comerciales para el Desarrollo del Banco Mundial han participado, o han avalado, procesos que han maniobrado el requisito del consentimiento o que han cooptado comunidades para lograr decisiones manipuladas y poco transparentes. En algunos casos, como en Rusia, la participación del Banco Mundial en proyectos específicos puede haber mitigado temporalmente algunos de los peores impactos de la extracción de petróleo, pero, en general, la participación del Banco Mundial en el sector ha intensificado la presión sobre las tierras indígenas, que siguen sin estar aseguradas.

El estudio revela que subyacente a esos problemas existe un proceso defectuoso de toma de decisiones dentro del Banco Mundial, en el cual la presión para otorgar préstamos se impone a otros objetivos y objeciones. Al priorizar a sus clientes directos y a los intereses de las grandes empresas del sector privado, el Banco está ignorando su compromiso con el desarrollo sustentable. La corrupción se tolera a sabiendas y los errores de gestión se pasan por alto sistemáticamente. Se sanciona a los funcionarios que cuestionan los préstamos realizados en esas circunstancias. Actualmente, en nombre de la "eficiencia", la reducción de los "costos de las transacciones" y la "identificación del país con el programa", el Banco está debilitando sistemáticamente sus políticas de salvaguarda, para hacerlas "inmunes" a las demandas presentadas por la sociedad civil ante el Panel de Inspección.

Teniendo en cuenta la debilidad de las salvaguardas del Banco Mundial, su oposición institucionalizada a invocar normas de derechos humanos obligatorias y la forma en que rutinariamente se burla de sus propios procedimientos, el estudio concluye que el Banco no debería participar en el sector de las industrias extractivas.

Además, el estudio recomienda que el Banco Mundial debería revisar radicalmente sus políticas sociales y su política de salvaguarda para los pueblos indígenas. Debería adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos, reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y el control de sus tierras, territorios y recursos naturales, proscribir la reubicación forzada de pueblos indígenas y sostener el principio de que los proyectos de desarrollo sólo deben implementarse en las áreas de propiedad o uso de los pueblos indígenas con sujeción a su consentimiento informado previo y otorgado libremente. Tales cambios de enfoque deberían aplicarse a todo el Grupo del Banco Mundial; deberían complementarse con nuevos sistemas de rendición de cuentas legalmente obligatorios y deberían estar acompañados de la aceptación de que la promoción del desarrollo a través del sector privado requiere en primer lugar la promoción de la buena gestión, una rendición de cuentas real, mecanismos regulatorios efectivos y una fuerte capacidad institucional.(6)

Declaraciones e información sobre el tema

La minería también ha dado como resultado importantes declaraciones realizadas por distintos sectores organizados de la sociedad que por razones obvias de espacio no podemos reproducir en este boletín. Pero quienes estén interesados pueden acceder a ellas --y más información relevante-- visitando el sitio web: http://www.wrm.org.uy/deforestacion/mineria.html

Notas:
(1 ) en base a información obtenida de: "Los Impactos Ambientales de la Minería: Una Guía Comunitaria", http://andes.miningwatch.org/andes/espanol/guia/capitulo_1.htm ; "El hombre y la Tierra. La minería de superficie", http://www.natureduca.com/hom_mineriasuperf.htm

(2) basado en información obtenida de: Socavando los Bosques, enero de 2000, por FPP, Philippine Indigenous Peoples Links y WRM; The decade of destruction, http://www.minesandcommunities.org/Company/decade.htm ; "Scrapping Mining Dependence", State of the World 2003 (W.W. Norton and Company, New York, 2003), Payal Sampat, enviado por la autora; Extractive Sectors and the Poor, Michael Ross, octubre de 2001, Oxfam America, correo electrónico: info@oxfamamerica.org, http://www.oxfamamerica.org/pdfs/eireport.pdf ; Vulnerable single- mmodity-dependent economies, http://www.lib.utexas.edu/maps/world_maps/world_vulnerable96.jpg ; Ciudadanía planetaria. Temas y desafíos del periodismo ambiental, 2000, International Federation of Environmental Journalists (IFEJ), correo electrónico: ifej@oln.comlink.apc.org , http://www.ifej.org ; The Mining Curse. The role of mining in "underdeveloping" economies, Minewatch Asia Pacific/Nostromo Briefing Paper, febrero de 1999, http://www.minesandcommunities.org/Country/curse.htm

(3) En base a información obtenida de: Socavando los bosques. Enero 2000, por FPP, Philippine Indigenous Peoples Links and WRM, http://www.wrm.org.uy/publicaciones/mineria.html ; The decade of destruction, Mines & Communities Website, http://www.minesandcommunities.org/Company/decade.htm ; Global Mining Snapshot, April 2003; Making a Molehill out of a Mountain, 4 April 2003, Mineral Policy Center, correo electrónico: mpc@mineralpolicy.org ; http://www.mineralpolicy.org ; Los Impactos Ambientales de la Minería: Una Guía Comunitaria, http://andes.miningwatch.org/andes/espanol/guia/capitulo_1.htm ; New research on the impact of mining, Oxfam Community Aid Abroad, correo electrónico: enquire@caa.org.au, http://www.caa.org.au/horizons/august_2001/researchmining.html ; Fool's Gold: Ten Problems with Gold Mining, Project Underground, correo electrónico: project_underground@moles.org , http://www.moles.org/ProjectUnderground/reports/goldpack/fools_gold.html ; Indigenous Peoples and the Extractive Industries: A Call on the World Bank to Overhaul its Institution, Emily Caruso, Forest Peoples rogramme, correo electrónico: info@fppwrm.gn.apc.org , http://forestpeoples.gn.apc.org/index.htm

(4) Basado en información obtenida de: "Militarization & Minerals Tour", Project Underground, http://www.moles.org/ProjectUnderground/mil/intro.shtml ; "Rio Tinto: practise what you preach!", Down to Earth N° 56, febrero de 2003, http://dte.gn.apc.org/56rio.htm

(5) Basado en información obtenida de: "The globalisation of mining and its impact and challenges for women", Victoria Tauli-Corpuz, Tebtebba Foundation (Indigenous Peoples' International Center for Policy Research and Education), http://www.twnside.org.sg/title/chal-cn.htm ; "Women's rights undermined", Ingrid Macdonald; "The Polarisation of the People and the State in the Interests of the Political Economy and Women's Struggle to Defend their Existence, a critique of mining policy in Indonesia", Meentje Simatauw; "Labour, love and loss: Mining and the displacement of women's labour", Kathryn Robinson; Tunnel Vision: Women, Mining and Communities, Forum Report, noviembre de 2002.

Escrito por tepeuxila el 20/02/2008 18:27 | Comentarios (0)

El saqueo del agro

Escrito por tepeuxila el 18/02/2008 17:05 | Comentarios (0)

2008: el fallecimiento de la globalización neoliberal

La Jornada. Sábado 16 de febrero de 2008.

Immanuel Wallerstein

La ideología de la globalización neoliberal ha estado en boga desde principios de los años 80. No era, de hecho, una idea nueva en la historia del sistema-mundo moderno, aunque reivindicó serlo. Más bien era la muy vieja idea de que los gobiernos del mundo debían dejar de estorbarle a las grandes y eficientes empresas en sus esfuerzos por prevalecer en el mercado mundial. La primera implicación de política pública era que los gobiernos, todos los gobiernos, debían permitir que estas corporaciones cruzaran libremente todas las fronteras con sus bienes y su capital. La segunda implicación de política pública era que los gobiernos, todos los gobiernos, debían renunciar ellos mismos a cualquier papel de dueños de estas empresas productivas, y privatizar así todo lo que poseyeran. Una tercera implicación era que los gobiernos, todos ellos, debían minimizar, si no eliminar, todos y cada uno de los diferentes pagos de transferencia por seguridad social a sus poblaciones. Por ciclos, esta vieja idea siempre ha estado de moda.

En los años 80, estas ideas fueron propuestas para contrarrestar a las también viejas visiones keynesianas y/o socialistas que habían prevalecido en la mayoría de los países del mundo: que las economías deberían ser mixtas (el Estado más las empresas privadas); que los gobiernos deberían proteger a sus ciudadanos de las corporaciones cuasi monopólicas propiedad de extranjeros; que los gobiernos deberían intentar ecualizar las oportunidades de vida transfiriendo beneficios a sus residentes menos afortunados (especialmente en los niveles de educación, salud y garantías de ingreso a lo largo de la vida), lo que requeriría, por supuesto, fijarle impuestos a los residentes más acomodados y a las corporaciones.

El programa de globalización neoliberal sacó ventaja del estancamiento mundial de ganancias que vino tras el largo periodo de expansión global sin precedentes posterior a 1945 y que abarcó hasta principios de los años 70, el cual impulsó la visión keynesiana o socialista de dominar las políticas públicas. El estancamiento de ganancias creó problemas en el balance de pagos para un número muy grande de gobiernos en el mundo, especialmente en el Sur global y en el llamado bloque socialista de naciones. La contraofensiva neoliberal fue encabezada por los gobiernos de derecha de Estados Unidos y Gran Bretaña (Reagan y Thatcher) más las dos principales agencias financieras intergubernamentales –el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial–, y estas instancias, juntas, crearon e impusieron lo que vino a ser conocido como Consenso de Washington. El lema de esta política conjunta fue acuñada por la señora Thatcher: TINA, siglas para “There Is No Alternative” (No hay alternativa). El lema intentaba transmitirle a todos los gobiernos que tenían que cumplir con el lineamiento fijado por las recomendaciones de política pública, o ser castigados con un lento crecimiento y la negación de toda ayuda internacional ante cualquier dificultad que pudieran enfrentar.

El Consenso de Washington prometió un crecimiento económico renovado para todos y una salida del estancamiento global de ganancias. A nivel político, los proponentes de la globalización neoliberal tuvieron mucho éxito. Gobierno tras gobierno –en el Sur global, en el bloque socialista y en los fuertes estados occidentales– privatizó las industrias, abrió sus fronteras al comercio y a las transacciones financieras, y recortó el Estado benefactor. Las ideas socialistas, aun las keynesianas, fueron desacreditadas en la opinión pública y las elites políticas renunciaron a ellas. La consecuencia visible más dramática fue la caída de la Unión Soviética y los regímenes comunistas de Europa central y del este, más la adopción de políticas amigables con el mercado por parte de la todavía denominada China socialista.

El único problema con este gran éxito político fue que no pudo igualarlo el éxito económico. Continuó el estancamiento de ganancias en las empresas industriales del mundo. La repentina alza en los mercados bursátiles en todas partes no se basó en ganancias de la producción sino en las manipulaciones especulativas financieras. La distribución del ingreso a escala mundial y en los diferentes países se volvió muy asimétrica, un incremento masivo en el ingreso de 10 por ciento superior y en especial de uno por ciento más elevado de la población mundial, y una caída en el ingreso real para el resto de las poblaciones mundiales.

La desilusión con las glorias del “mercado” sin restricciones comenzó a ser visible a mediados de los 90. Esto pudo observarse en varios planos: en muchos países regresaron al poder gobiernos más orientados hacia el bienestar social; hubo nuevos llamados –especialmente por parte de los movimientos laborales y las organizaciones de trabajadores rurales– a que los gobiernos emprendieran políticas proteccionistas; creció a escala mundial un movimiento altermundista cuyo lema es “otro mundo es posible”.

La reacción creció lenta pero constantemente. Entretanto, con el régimen de George W. Bush, los proponentes de la globalización neoliberal no sólo persistieron sino que incrementaron su presión. El gobierno de Bush pujó simultáneamente por una distribución del ingreso más distorsionada (mediante grandes recortes fiscales para los más acaudalados) y por una política exterior de militarismo unilateral macho (la invasión de Irak). Financió esto mediante una fantástica expansión de préstamos (un endeudamiento) con la venta de bonos del Tesoro estadunidense a quienes controlan las existencias mundiales de energía y las instalaciones de producción a bajo costo.

Se veía bien en el papel, si sólo se fijaba uno en las cifras de los mercados bursátiles. Pero era una burbuja de crédito superlativo condenada a estallar, y ahora está estallando. La invasión de Irak (más Afganistán y Pakistán) está demostrando ser un enorme fiasco político y militar. La solidez económica de Estados Unidos cae en el descrédito, lo que ocasiona una radical caída del dólar. Y los mercados bursátiles del mundo tiemblan conforme confrontan el pinchazo de la burbuja.

¿Así que cuáles son las conclusiones de política pública que extraen los gobiernos y las poblaciones? Parece haber cuatro en curso. La primera es el fin del papel que tenía el dólar estadunidense como divisa de reserva para el mundo, lo cual hace imposible continuar la política de superendeudamiento del gobierno de Estados Unidos y de sus consumidores. La segunda es el regreso a un alto grado de proteccionismo, tanto en el Norte como en el Sur globales. La tercera es el regreso a la adquisición estatal de las empresas que fracasan y la implementación de medidas keynesianas. La última es el retorno a políticas redistributivas más enfocadas al bienestar social.

La balanza política oscila de regreso. De aquí a 10 años se escribirá acerca de la globalización neoliberal como un oscilamiento cíclico en la historia de la economía-mundo capitalista. La cuestión real no es si esta fase terminó sino si el retorno pendular podrá restaurar, como en el pasado, un relativo equilibrio en el sistema-mundo. ¿O se habrá hecho ya demasiado daño? ¿Estaremos en un caos más violento en la economía-mundo y como tal en el sistema-mundo como un todo?

Traducción: Ramón Vera Herrera

© 2008. Immanuel Wallerstein

Escrito por tepeuxila el 18/02/2008 17:00 | Comentarios (0)

El Salto al patio trasero del infierno

La Jornada, sábado 16 de febrero de 2008.

Silvia Ribeiro

El 13 de febrero pasado murió Miguel Ángel López Rocha, de ocho años, luego de estar 19 días en estado de coma tras haber caído, jugando, al río Santiago en Jalisco, uno de los peores casos de contaminación industrial y orgánica a nivel mundial. El contacto con el agua del río le provocó intoxicación con arsénico, septicemia (infección) generalizada e inflamación cerebral, debido a los altos niveles de sustancias tóxicas, metales pesados y bacterias nocivas que contiene.

En medio de la tragedia, la familia debió enfrentarse a que el director del Hospital General de Occidente, Enrique Rábago, alegara que el estado de salud del niño se debía probablemente a que consumía drogas. Presionados por las denuncias y protestas de organizaciones de vecinos y sociales de El Salto y de Jalisco, las autoridades hospitalarias y estatales reconocieron que el caso se debió a la contaminación del río. Enrique Encizo, de la organización vecinal Un Salto de Vida declaró: “Esta es una tragedia anunciada, la contaminación del río Santiago es una bomba de tiempo que autoridades e industrias han puesto sobre los vecinos de El Salto y Juanacatlán”.

El delito de Miguel Ángel fue ser un niño que como otros millares viven o van a la escuela cerca del río Santiago en las afueras de Guadalajara. Hasta hace pocas décadas una zona rural, ahora convertida en zona industrial y de viviendas económicas, conurbada a la segunda ciudad del país y uno de los casos más dramáticos de contaminación en México. Es un ejemplo particularmente claro de lo que sucede en el traspatio de la sociedad industrial y de los efectos del modelo caótico y devastador de urbanización salvaje, para el lucro de unos pocos. Los habitantes de El Salto y Juanacatlán han denunciado desde hace años muchos casos de intoxicación y de cáncer, además de alergias, malos olores y una pesada invasión de zancudos en cada anochecer.

El fraccionamiento La Azucena, de construcción reciente y donde vivía Miguel Ángel, está enclavado en una área “residencial” de algunas hectáreas en medio del corredor industrial de Guadalajara. Varios operadores han construido miles de viviendas nuevas en esa región. En cada bloque de cientos de viviendas, como La Azucena, no hay ni un sólo árbol ni espacio recreativo, no hay sistemas de procesamiento de aguas servidas, no hay servicios. Estas son las viviendas que el presente gobierno y los anteriores ostentan como vivienda social. En realidad son un negocio redondo para los operadores, como por ejemplo Casas GEO, HYR, ARA y similares, que consiguen el terreno casi regalado –en muchos casos por privatización de terrenos ejidales– y construyen cientos o miles de viviendas de pésima calidad, sin servicios ni áreas verdes y con insuficientes o inexistentes sistemas de saneamiento. Aún así, las venden con enormes ganancias a los “beneficiarios” de Infonavit y similares. De paso, chupan y contaminan el agua de toda la región, poniendo en crisis a pueblos, comunidades y ejidos vecinos que no pueden competir con esta enorme demanda.

La Azucena está situada entre la carretera –frente a una extensa zona industrial– y el río Santiago. Entre las viviendas y el río, un bordo construido con bolsas de arena intenta ocultar la vista y olores del río, teóricamente para prevenir inundaciones sobre la zona habitacional, lo cual sería un desastre de proporciones catastróficas. El desagüe de las viviendas va directamente al río. Aquí cayó Miguel Ángel.

Siendo terrible, esta zona es apenas un mojón más de la cadena de contaminación de la cuenca del río Santiago. Un punto álgido se encuentra río arriba, en la colonia La Huizachera, Canal del Ahogado, donde el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara arroja desde enormes tubos las aguas negras de la zona conurbada, mezclada con lodos industriales que se vierten al sistema municipal, sin tratamiento más que la molienda de lo que llega para tirarlo líquido al río. Las pocas vacas que pastan en los alrededores sufren de mastitis crónica, con enormes ubres y heridas infectadas.

Sobre el corredor industrial de Guadalajara, el río recibe los desechos químicos de más de 200 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre las cuales se encuentran Aventis, Bayer, Nestlé, IBM, DuPont, Xerox, United Plastics Group, Celanese y otras.

Toda esta peste tóxica corre hacia El Salto de Juanacatlán, una cascada de 20 metros que hace tres décadas era una maravilla natural, lugar de refresco de la región, donde los lugareños recuerdan beber su agua clara, bañarse y pescar. Las obras hidráulicas en la cascada empeoraron aún más la situación, al retener materia orgánica que se pudre. Parados en el puente sobre El Salto, una nube blanca invade el aire trasmitiendo un olor nauseabundo y picante, una sensación inmediata de toxicidad. La espuma que se forma con la caída es dura y nunca se disuelve, permanece al pie de la cascada y cubre de blanco sucio todo el ancho del río, por kilómetros. Todo esto va a parar a la región donde se quiere construir la presa de Arcediano, que según la declaración oficial es para proveer ¡agua potable! a los habitantes.

Esto no es un “accidente”, ni un caso aislado. ¿Cuántas industrias pueden hacer esto en sus países sede? ¿Por qué lo permiten las autoridades? Es un crudo ejemplo de injusticia ambiental y social, un grito de alerta contra la urbanización salvaje, contracara del despojo rural.

Escrito por tepeuxila el 18/02/2008 16:48 | Comentarios (0)

RENEGOCIACION DEL TLC.

Contingente. Durante la marcha del pasado 31 de enero. Por la renegociación del TLC, en el apartado que tiene que ver con los productos agrícolas.

Escrito por tepeuxila el 08/02/2008 16:11 | Comentarios (0)

RENEGOCIACION DEL TLC.

Organizaciones campesinas y sindicales advierten que "los tiempos de diálogo se agotan". Sellan la alianza para la integración de un consejo nacional social y económico. Demandan cesar a Alberto Cárdenas; el tratado sólo ha generado "pobreza y muerte"

Los organizadores de la movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo estimaron que más de 200 mil personas participaron en la marcha para exigir que se renegocie el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También demandaron que se impida la privatización de los energéticos y que se derogue la nueva Ley del ISSSTE

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El campo mexicano, desprotegido ante el acuerdo comercial, advierten productores

Luis Hernández Navarro

"El TLCAN es muy bueno, pero para los pinches gringos", decía una manta en el Zócalo. Queremos ser supervivientes y no perdedores de la alquimia neoliberal, expresan campesinos

El viejo y desvencijado tractor que encabeza la descubierta de la marcha no arranca. Otros más han echado a andar sus motores y se preparan para rodar sobre Paseo de la Reforma. Faltan diez minutos para las cuatro de la tarde y miles de campesinos aguardan el banderazo de salida. Dos agricultores empujan la máquina descompuesta para que funcione. El vehículo carraspea y tose, hasta que finalmente cede. La manifestación comienza.

El tractor se asemeja a la situación del campo mexicano. Trabajado en exceso, frágil y desprotegido en relación con las economías contra las que se le ha puesto a competir, el mundo rural mexicano sigue vivo gracias a los hombres y las mujeres que lo habitan, lo hacen producir y le mandan remesas desde sus nuevos hogares en Estados Unidos.

También tiene parecido con las movilizaciones contra el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Después de un prolongado letargo de casi 14 años de retraso, interrumpido por unos cuantos episodios, las grandes protestas contra el libre comercio agrícola finalmente ocupan las avenidas de la política nacional.

Hace cinco años, un 31 de enero como hoy, se escucharon los primeros gritos masivos para renegociar el tratado en el agro. Miles de campesinos tomaron las calles de la ciudad de México. "Somos sobrevivientes que se niegan a desaparecer", dijo Alberto Gómez, en el mitin central de aquellas jornadas de lucha. No hubo, sin embargo, mucha fortuna. Las organizaciones campesinas perdieron en la mesa de negociaciones lo que habían ganado en las plazas públicas. La demanda original de renegociar el TLCAN se convirtió en, apenas, un compromiso de realizar un estudio para medir los impactos del acuerdo en el agro.

Pero más vale tarde que nunca. La movilización de ayer fue más grande que la de hace cinco años. Nació de una curiosa confluencia de centrales y convergencias campesinas de todo signo, en donde los líderes desconfían entre sí, pero se necesitan unos a los otros. Una convergencia en la que cada dirigente teme que el otro lo utilice para negociar sus reivindicaciones particulares, en nombre del conjunto. Una alianza que ha propiciado la emergencia de una protesta más grande que ellos; de una movilización que por su amplitud los rebasa, los desborda.

Se trata, además, de la más importante prueba de fuerza de masas entre el gobierno de Felipe Calderón y la oposición gremial. Porque lo que se fraguó en el Zócalo capitalino fue una alianza entre organizaciones sociales del campo y la ciudad, en la que la presencia de fuerzas político partidarias fue testimonial: estuvieron pero no contaron, por más que traten de capitalizarla. Un pulso en el que, mientras los campesinos gritan "¡Sacaremos a ese buey de la Sagarpa!", Germán Martínez Cázares, dirigente del partido en el gobierno, afirma, con bravuconería e insensibilidad, que "el PAN respalda ciento por ciento, con orgullo, al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas".

Son más de las cuatro de la tarde. Sobre Paseo de la Reforma, detrás del destacamento de tractores que abre camino se agrupa la descubierta de la marcha. Son todos hombres, en su mayoría mayores de 50 años. Son los líderes de las llamadas organizaciones campesinas nacionales y de una que otra regional. Han estado al frente de ellas durante tres o cuatro décadas. La mayoría participó en las luchas por la tierra de los 70 y algunos más en los intentos por desarrollar la autogestión campesina. Casi todos han participado en contiendas electorales. Los acompañan dirigentes obreros como Francisco Hernández Juárez.

El primer contingente después de la descubierta es el de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Con mucho es el más numeroso, seguido por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Los destacamentos de la queniqué -como se le conoce en el medio- van encabezados por un grupo de danzantes sonorenses que, sin hacer caso al gobernador de su estado, Eduardo Bours -uno de los principales defensores del tratado-, critican el acuerdo comercial y funcionan como una especie de batucada indígena. Allí marchan camisas rojas madracistas del estado de México, coreando las consignas de la oposición de izquierda: "No somos uno, ni somos cien/pinche gobierno ¡cuéntanos bien!"

Curiosa ironía ver en las calles decenas de mantas cenecistas exigiendo la abrogación del TLCAN, cuando en el momento de su firma ellos fueron sus principales valedores en el campo. Una ironía que, en parte, se despeja con una pancarta en la que se muestra el corazón de la actual disputa de la queniqué con la administración de Felipe Calderón. "Reglas de operación aceptables para manejar el presupuesto al campo". O sea, objetan una maniobra mediante la cual el gobierno federal centraliza el manejo sustantivo de una parte de los recursos para el campo, que antes administraban los gobiernos de los estados y algunas organizaciones campesinas.

Durante largos trayectos, la manifestación es un ejercicio de protesta silencioso, apenas interrumpido por los contingentes de sindicalistas y estudiantes que rompen el orden establecido y se cuelan entre las filas de los labriegos, por un grupo de chinelos, y por las distintas bandas de música y tamboras que amenizan el acto. Sólo los destacamentos más vinculados a una tradición de izquierda, como la CNPA o la CIOAC, hacen sentir su presencia a gritos. La marcha es un recordatorio de que, por más que se pretenda presentar a México como sociedad urbanizada, el mundo rural se hace presente una y otra vez.

Lo sacan por la puerta de las estadísticas y los discursos oficiales, y se cuela por las ventanas de la realidad. Hace dos días, los productores de leche convirtieron al Monumento de la Revolución en una especie de establo, con vacas y piensos incluidos, al tiempo que regalaban 25 mil litros del lácteo. Así se debió ver la plaza cuando en 1910 Porfirio Díaz comenzó su construcción. Hoy, decenas de jinetes a caballo, como los que integran la Caballería Zapatista de Milpa Alta, con un estandarte con la imagen del general Emiliano Zapata al frente, recorren las calles del centro para decir: ¡aquí estamos!

Una pancarta enarbolada por cientos de manifestantes dice: "El TLCAN es muy bueno, pero para los pinches gringos..." Este 31 de enero, miles de campesinos y trabajadores de la ciudad tomaron las calles para decir que no quieren maíz y frijol proveniente de Estados Unidos, sino granos y leguminosas sembrados por ellos en México. Pretenden, como lo hizo el desvencijado tractor que encabezó la manifestación, seguir siendo una clase de supervivientes y no los perdedores de la alquimia neoliberal.

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Se agotan tiempos para el diálogo: campesinos

Matilde Pérez U., Carolina Gómez y Gabriel León Zaragoza

"EL TLCAN sólo ha sembrado muerte y pobreza", afirman. Sellan alianza para conformar un consejo nacional que luche contra el capítulo agropecuario. Marchan al Zócalo con SME, UNT y CNTE

Durante la marcha en defensa de la soberanía alimentaria, organizaciones campesinas, sindicales y sociales advirtieron al gobierno que "los tiempos de diálogo se están agotando", y confiaron en que la concentración de ayer en el Zócalo no sea "de las últimas acciones" pacíficas que lleven a cabo para que sus demandas sean atendidas.

Al término del mitin sellaron la alianza para conformar un consejo nacional social y económico en pro de la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el impedimento de la privatización de los energéticos y contra la reforma laboral y por la derogación de la Ley del ISSSTE.

En voz de Gabino Gómez, de la campaña "Sin maíz no hay país", y del dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, el movimiento sostuvo que no le arrebatarán su dignidad ni su decisión de luchar en contra del TLCAN, porque "sólo ha sembrado muerte y pobreza".

Gómez puntualizó: "No venimos hasta acá para pedir la cabeza de un funcionario, sino para demandar al gobierno federal un debate de frente a la nación en torno a la situación del campo y refrendar que estamos en contra de la siembra de maíz transgénico. Nosotros no somos acarreados de Monsanto, nos oponemos a que los granos nativos desparezcan y que las grandes trasnacionales sigan enriqueciéndose de manera escandalosa".

A su vez, López Aguilar dijo que las organizaciones agrupadas en los consejos nacionales de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y de Organizaciones Campesinas (Conoc), así como seis del Congreso Agrario Permanente, están abiertas al diálogo, pero no uno "de sordos", y él sí demandó la destitución de Alberto Cárdenas como secretario de Agricultura. También rechazó que el TLCAN haya dejado beneficios al agro, pues el país "se ha convertido en una potencia agroalimentaria importadora de alimentos".

En el mitin, Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, acusó al gobierno federal de haber roto el "pacto social, por no respetar la Constitución" y llamó a tomar el Congreso el próximo 7 de febrero. Auguró que, dada la unión que existe entre los sectores obrero y campesino, a "este movimiento no lo va a parar ni todo el Ejército que han sacado a las calles".

Francisco Hernández Juárez, uno de los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores, remarcó que lo que se debe hacer es "impulsar una alianza clasista e iniciar un movimiento para frenar esta embestida. Hay que pensar en constituirnos en una fuerza capaz de cambiar el rumbo del país".

A su vez, Agustín Rodríguez, líder del STUNAM, hizo hincapié en que lo que se requiere es una "gran alianza" del movimiento social, campesino y obrero, porque la "crisis social dista mucho de estar resuelta".

Artemio Ortiz, en representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestó que el modelo neoliberal "ha fracasado" y por ello "la gente del imperio quiere cargar su crisis en la espalda de México, y también por eso (Felipe) Calderón hace todo lo posible porque pasen la reformas estructurales. El gobierno olvida que somos una raza invencible, somos hijos del maíz y éste sólo morirá cuando muera el sol".

Asimismo, emplazó al Presidente de la República y a "sus neoliberales a respetar de manera irrestricta la Constitución, y si no lo hacen es tiempo de que se vayan". Subrayó que la de ayer no debe ser la única manifestación y dijo que también se debe movilizarse el 18 de marzo, el 10 de abril y el primero de mayo, a fin de hacerle entender al gobierno que debe poner un alto a la política neoliberal.

Durante la marcha, los contingentes obreros avanzaron detrás de los campesinos. Más atrás se ubicaron los maestros de la CNTE y también los de Diálogo Nacional y otras organizaciones sociales. Los organizadores estimaron que participaron 200 mil personas; muchas no lograron escuchar a los diez oradores, ya que a una hora de haber iniciado el mitin aún seguían llegando a la plancha numerosos grupos e incluso al concluir el acto varios seguían en las calles de Madero y Eje Central.

Miguel Concha Malo, en su calidad de representante de las organizaciones civiles, refrendó la adhesión del Frente Nacional contra la Represión y otras agrupaciones al pronunciamiento y acuerdo político en favor de la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas.

"México es un país de leyes, pero sin justicia, por ello nos unimos a las organizaciones que denuncian la criminalidad de la protesta social como respuesta de los gobiernos a las legítimas demandas de la sociedad", acotó.

Desde temprano, los contingentes campesinos se reunieron en la fuente de la Diana Cazadora y en el Ángel de la Independencia; allí, con música y comparsas -incluso algunos refirieron que con esta marcha de protesta iniciaban "el carnaval en la ciudad de México"- esperaron más de seis horas desde que se inició la caminata, hasta arribar al Zócalo acompañados por los 21 tractores del movimiento de resistencia campesina Francisco Villa.

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Tractores "patrocinados", primeros en llegar al Zócalo

Jaime Avilés

Los envió Monsanto, denuncian organizadores. Miles de campesinos, en la manifestación contra el TLC

Perversiones de la política: la marcha nacional por la defensa del maíz mexicano llegó ayer al Zócalo encabezada por una columna de 50 tractores que -de acuerdo con una denuncia en poder de esta crónica- estaban "patrocinados por Monsanto" para exigir su "derecho a sembrar maíz transgénico".

Atrás venían los otros tractores, los que el 18 de enero salieron de Ciudad Juárez, desde el puente fronterizo de El Chamizal, en la raya entre Estados Unidos y México, y más atrás de éstos, miles y miles de campesinos de todos los estados y todas las organizaciones agrarias del país, así como obreros de fábrica y de industria, colonos, militantes de movimientos sociales y mucha, mucha gente de la ciudad de México que acudió por su propia cuenta.

La síntesis de los acuerdos que hicieron posible la manifestación -a la que según organizadores se incorporaron más de 200 mil personas- estaba en lo alto del templete, a lo largo de un telón de fondo que encadenaba las siglas "CCI-CCN-CNC-CNTE-CONORP-FSM-CCD-UNORCA-UNT-UNTA", fuerzas políticas convocantes.

Los corresponsales extranjeros, libreta en mano, traducían y deletreaban: Central Campesina Independiente, Central Campesina Nacional, Confederación Nacional Campesina, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, Frente Sindical Mexicano, Confederación Campesina Democrática, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Unión Nacional de Trabajadores, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas".

Pero abajo, en la plancha del Zócalo, sobre la angosta calle Madero, la avenida Juárez y el Paseo de la Reforma ondeaban las banderolas y vibraban los gritos de los trabajadores de todos los ingenios cañeros del país -que se identificaban por una cachucha roja-, los militantes del sindicato de telefonistas y los siempre combativos electricistas, muchos de los cuales desfilaban esta vez con las camisetas de Luz y Fuerza del Centro, tan vapuleada por el huracán del martes pasado y por la prensa de la ultraderecha que aprovechó la magnitud de la desgracia para exigir, ahora sí airadamente, su privatización.

En la esquina de Lázaro Cárdenas y Madero la senadora Rosario Ibarra y un grupo de integrantes del Frente Nacional contra la Represión exigían "la libertad de los presos y desaparecidos políticos de hoy, de ayer y de siempre". Al que no le calentaba ni el sol de la tarde ni la energía que irradiaban tantas decenas de miles de seres humanos unidos por el afán de mostrar su descontento, era al dirigente campesino Pablo Gómez Caballero, hijo del legendario Pablo Gómez, que en 1966 murió durante el asalto de la Liga Comunista 23 de Septiembre al cuartel de Madera, Chihuahua.

Después de atravesar el país acompañando a los tractores que partieron desde Ciudad Juárez, el dirigente quería denunciar que, a la hora en que la manifestación debía partir de la glorieta del Ángel de la Independencia, encabezada por los vehículos de labranza, otra columna de tractores se adelantó para adueñarse de la descubierta.

Al frente de esas máquinas iba el también líder agrario de Chihuahua, Armando Villarreal Marta, a quien, dijo Gómez Caballero, "lo patrocinan la compañía transnacional Monsanto y la priísta CNC, para que anden por todas partes exigiendo su supuesto derecho a sembrar maíz transgénico".

Y en efecto, eso era lo que repetían los bien impresos carteles de los primeros tractores: "Por el derecho a sembrar maíz transgénico". Era lo único que faltaba. Por fortuna, casi nadie se enteró. Los que llegaron al Zócalo -que sigue siendo medio Zócalo, debido al Museo Nómada- se retiraron por 20 de Noviembre. En esos momentos, casi las 5 de la tarde, los últimos contingentes, formados por militantes de El Barzón de Veracruz, cuyas mantas reiteraban la consigna del momento -"Sin maíz no hay país", a la que añadían "sin frijol tampoco"- continuaban alrededor de la Diana, mientras en Reforma y Juárez un señor clamaba a todo pulmón: "Sin maíz no hay cornflakes". Más adelante, cerca de una muchacha que iba desnuda, pero con la piel pintada con granos y hojas de elote, un altavoz de los telefonistas rimaba: "Mouriño, araña, regrésate a España".

Sobre Madero, los trabajadores textiles de Ocotlán, Jalisco, le mentaban la madre en sentidos versos a su patrón, el megaempresario Moisés Saba, y entre contingentes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el INBA, el Frente Francisco Villa, los indígenas de la sierra mazateca, el Movimiento Los de Abajo, el Comité Mx Ac, Flor y Canto, las logias masónicas del Valle de México, los colonos de Ecatepec, y muchas siglas más, otro altavoz coreaba: "No es Mickey Mouse, tampoco es Topo Gigio, es una pinche rata llamada Felinillo", y a partir de estas ocurrencias se derivaban múltiples variaciones sobre el mismo tema. En el templete del Zócalo, mientras tanto, en las voces de los múltiples oradores, iban y venían los exhortos a la "unificación de todos los criterios y de todas las luchas -como externó el padre Miguel Concha-, para lograr que el gobierno cambie esta política lesiva a los intereses del pueblo y se haga efectivo el reconocimiento de todas las libertades públicas".

Hubo pocas alusiones a la inminente privatización de Petróleos Mexicanos y ninguna a la lucha de Andrés Manuel López Obrador, aunque muchos seguidores de éste abuchearon al eterno líder de los trabajadores telefonistas, Francisco Hernández Juárez. En tanto, otras manos quemaban una efigie del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, aderezada con cuernos de Belcebú, y otros desgarraban una bandera estadunidense que no se dejaba incendiar; múltiples brazos alzaban carteles con la leyenda: "Este es un gobierno milpero: pone mil peros para ayudar a los campesinos".

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Exigen miles la renuncia de Cárdenas Jiménez

De los corresponsales

Realizan marchas, mítines y bloqueos en el país. Productores agropecuarios solicitan más apoyo federal. Advierten sobre el riesgo de posibles estallidos sociales.

Miles de campesinos de todo el país alzaron la voz para rechazar la apertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que da "el tiro de gracia" al campo mexicano; exigieron la destitución del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, y advirtieron que en caso de que no se renegocie dicho acuerdo se deja latente el surgimiento de "estallidos sociales".

La mayoría de los integrantes de organizaciones como el Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina y la Central Campesina Cardenista, manifestaron su inconformidad principalmente con la toma de las delegaciones de la Sagarpa en los estados, y acusaron al titular de la dependencia de desconocer la situación agropecuaria de México y de negarse a dialogar.

"¡Sacaremos a ese buey de la Sagarpa, sacaremos a ese buey de la Sagarpa!", corearon los campesinos que marcharon en la ciudad de Campeche. "Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco", "¡No al TLCAN!" y "Defendamos a la nación", fueron algunas de las consignas que manifestantes de prácticamente todos los estados de la República gritaron o plasmaron en pancartas. "Alberto Cárdenas, con perdón del burro", decían tres mantas que cubrían a igual número de asnos que acompañaron en su protesta a casi 500 campesinos de Culiacán, Sinaloa.

Cierran carreteras y puentes internacionales

También hubo marchas -en algunos casos se concentraron en la capital del país para participar en la megamarcha Sin maíz no hay país-, plantones, mítines, clausura simbólica de dependencias, como las secretarías de Economía, Desarrollo Social y de la Reforma Agraria, así como bloqueo de vialidades, cruces fronterizos y puentes internacionales.

Los trabajadores del campo contaron con el apoyo de numerosos contingentes sindicales de maestros, burócratas, telefonistas, universitarios, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organizaciones civiles e integrantes de partidos políticos, principalmente de PRD, PRI y PT.

Exigieron más apoyos al sector agropecuario pues, dijeron, se carece de canales adecuados de comercialización, lo que provoca que cada año se pierdan miles de toneladas de diversos productos.

También pidieron que se cumpla en su totalidad el Acuerdo Nacional para el Campo, la aplicación de un programa emergente de empleo formal en zonas expulsoras de mano de obra y la promulgación de un nuevo reglamento interno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Acusaron al gobierno de Felipe Calderón de no hacer lo suficiente para defender a los campesinos mexicanos, quienes ahora se encuentran en desventaja en relación con sus pares de Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos los apoyan con financiamiento y la entrega de maquinaria.

Criticaron que, por el contrario, el gobierno federal ha desplegado una campaña publicitaria en la que señala que el TLCAN ha posibilitado que haya productos de mejor calidad, sin embargo, "nada se ha hecho para apoyar realmente al campo mexicano".

Por si fuera poco, señalaron, se han presentado aumentos notorios de combustibles, insumos y productos básicos. Advirtieron que las protestas continuarán y llegarán hasta donde sea necesario, porque "no podemos permitir que el campo mexicano siga siendo arrasado por las políticas neoliberales", y no descartaron que en breve surjan "estallidos sociales".

Otras de las organizaciones que participaron en las marchas son la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central Campesina Independiente, El Barzón, Organización Campesina Emiliano Zapata, Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas.

L. Chim, M. Sánchez, S. Ocampo, O, Vélez, E. Martínez, L. A. Boffil, A. Mariscal, R. Ramón, J. Valdez, E. Henríquez, S. Maldonado, M. Chávez, M. Diego, J. Chávez, R. Villalpando, C. Bañuelos, D. Carrizales, J. C. Partida, A. T. Morales, C. Camacho, La Jornada Morelos, La Jornada de Oriente y La Jornada San Luis

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Los subsidios en EU, veinte veces mayores que en México

Israel Rodríguez J.

A 15 años de TLCAN, crece la brecha en productividad

Después de 14 años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la productividad del sector agropecuario mexicano no ha logrado mejorar lo suficiente como para acortar la brecha que existe con los países socios de este acuerdo comercial (Estados Unidos y Canadá), y tampoco se ha mejorado el nivel de ingreso ni los salarios de los trabajadores del campo.

Por otro lado, se ha reducido la participación del sector agropecuario en el producto interno bruto, al pasar de 7.9 por ciento en 1988 a sólo 3.4 en 2005, lo que agravó el desequilibrio estructural de la economía nacional, que se refleja en bajos ingresos y reducción dinámica de los mercados internos, revela un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Además, las ventajas arancelarias que aparentemente recibió México de parte de sus socios del TLCAN se han erosionado gradualmente por diversos factores, como la revaluación cambiaria, el aumento de subsidios que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a sus productores agrícolas y los acuerdos comerciales que Washington ha suscrito durante los años de operación del tratado con países cuya producción agropecuaria compite con la mexicana.

El estudio, titulado Los subsidios agrícolas en los países del TLCAN, señala que por esos factores México comenzó a perder presencia en las importaciones agropecuarias de Estados Unidos, incluyendo productos en los que fue exportador de elevada competitividad, como tomate, café y frutas.

El CEFP, organismo dependiente de la Cámara de Diputados, afirma que las barreras no arancelarias y las prácticas desleales de comercio (dumping y subsidios) que utilizan gobiernos y productores agrícolas de los socios de México, es lo que más ha afectado el desarrollo del sector agropecuario, ya que esas prácticas han generado una competencia desleal, en detrimento de los agricultores mexicanos.

Cabe aclarar que los subsidios directos e indirectos son aquellos recursos que otorgan los gobiernos a los productores para facilitarles el acceso a los mercados externos en condiciones ventajosas.

En años recientes, Estados Unidos se consolidó como principal productor y exportador de productos agropecuarios. Se estima que en 2006 el valor total de la producción de ese país ascendió a más de 265 mil millones de dólares, de los cuales 44 por ciento corresponde a bienes agrícolas, 45 a ganaderos y 11 por ciento a productos forestales y servicios.

Debido a los subsidios de Estados Unidos y las quejas de sus socios comerciales, la Organización Mundial de Comercio (OMC) emitió una resolución por la cual se obliga a Washington a limitarlos a un máximo de 55 mil millones de dólares anuales.

Se estima que en 2006 Estados Unidos otorgó subsidios directos e indirectos de 150 dólares por hectárea a cada productor, en promedio, mientras en México fueron de 45 dólares y en Canadá de 52.

Además, ante la caída de los precios internacionales de algunos cereales en 2004, Estados Unidos aplicó otros mecanismos de apoyo, como la eliminación de cuotas al tabaco, que fueron sustituidas por un pago único cada 10 años; se instituyó un fondo de compensación de pérdida de ingresos para lecheros, que se amplió hasta 2007, y se decidió que los pagos a productos como aceite de oliva, lúpulos, algodón y tabaco se incorporarán gradualmente al esquema de pago único a partir de 2006. En tanto, Canadá introdujo en 2004 el programa de Ingresos Agrícolas para otorgar pagos extraordinarios a sus agricultores.

Pese a las limitaciones impuestas por la OMC para la reducción de subsidios, entre 2000 y 2005 Estados Unidos otorgó apoyos agropecuarios por 611 mil 300 millones de dólares, mientras en el mismo periodo los subsidios otorgados por México ascendieron a 46 mil 300 millones de dólares y en Canadá a 51 mil 400 millones.

El estudio señala que los subsidios totales estadounidenses en 2005 fueron casi 20 veces superiores a los que en ese año otorgó México. Para el periodo 2004-2008 se calcula que Estados Unidos subsidie, de acuerdo con la Ley Agrícola de 2002, con más de 150 mil millones de dólares a sus productores agrícolas, mientras en México se prevé que no excederán de 27 mil millones de dólares. www.ecoportal.net

Escrito por tepeuxila el 08/02/2008 16:08 | Comentarios (0)

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA TIERRA NI A LOS PAGOS ALTOS DEL CONSUMO DE LUZ ELECTRICA

7 de Febrero de 2008
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México


A las Juntas de Buen Gobierno,
A los adherentes de la Otra Campaña nacional e internacional,
A los pueblos en resistencia,
A los medios alternativos de comunicación,
A la opinión publica,

Desde estas tierras chiapanecas reciban nuestros saludos fraternos de
parte de todos los que conformamos la Red Estatal de Resistencia Civil,
“La Voz de Nuestro Corazón”, Adherentes a la Otra Campaña. Como
adherentes de la Otra Campaña, hacemos del conocimiento público nuestro
rechazo a la privatización de la tierra y a las altas tarifas de la luz
y el agua, ya que consideramos estos como derechos humanos para todos y
todas; seguiremos firmes en nuestra postura de no pago a las altas
tarifas mientras no se reconozcan ni se cumplan los Acuerdos de San
Andrés y se respete la autonomía de los pueblos en resistencia.

Como Red Estatal de Resistencia Civil vemos con mucha preocupación y
coraje la situación de represión que esta ocurriendo en todo nuestro
país, particularmente el aumento de las agresiones contra nuestros
compañeros y compañeras zapatistas. Junto con esta represión, el
gobierno nos quiere matar de hambre con sus proyectos neoliberales como
el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la invasión de las empresas
extranjeras en nuestros territorios, mientras nos busca engañar con los
proyectos que dan en las comunidades (Procampo, Oportunidades, Nuevo
Amanecer, etc.).

Como ejemplo de esta situación de represión por parte de los malos
gobiernos, el “autentico coleto” Mariano Díaz Ochoa, actual presidente
municipal de San Cristóbal de las Casas, busca consolidar su poder a
través de las amenazas y hostigamientos, con el respaldo del gobierno
del estado de Juan Sabines Guerrero y el gobierno federal de Felipe
Calderón Hinojosa. Ha declarado en los medios que va desalojar a la
reserva ecológica comunitaria zapatista del Huitepec y que no permitirá
el sistema autónomo de agua que han construido los compañeros de la
comunidad 5 de Marzo. Como Red le damos nuestro apoyo total a estos
compañeros, que son un ejemplo de la lucha en defensa de los territorios
y la puesta en práctica de nuestros derechos humanos de acceso a la luz,
el agua y la tierra. La Junta de Buen Gobierno de Oventic ha dicho
claramente que no se va permitir la explotación de los recursos
naturales del territorio bajo cuidado zapatista, y nosotros como Red nos
sumamos a esta causa. También saludamos el trabajo de coordinación entre
bases de apoyo zapatistas, adherentes a la Otra Campaña y sociedad civil
en la comunidad 5 de marzo, que es un ejemplo de la propuesta de la Otra
Campaña: la unidad abajo y a la izquierda y no las divisiones que busca
provocar el gobierno. Les decimos que no permitiremos ninguna agresión
hacia los trabajos autónomos en los diferentes territorios zapatistas.

La guerra de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista es llevada
a cabo por las distintas instituciones de gobierno, incluido la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), que sigue exigiendo que paguemos sus
altas tarifas cuando sabe que estamos en resistencia civil y que no
vamos a pagar. En coordinación con los grupos priistas, lleva a cabo
cortes de la energía eléctrica y robo ilegal del material eléctrico,
como pasó en estos días con los bases de apoyo en la comunidad La
Culebra, municipio autónomo Ricardo Flores Magón, y con los adherentes
de la Otra Campaña en la comunidad de La Grandeza, municipio oficial de
Amatenango del Valle.

Ante todo esto, el estado nos inventa delitos para meternos en sus
cárceles como estrategia para callar nuestras voces de rebeldía. Pero le
aclaramos que no tiene suficientes cárceles para todos nosotros como
indígenas, campesinos, obreros, amas de casa, estudiantes, maestros,
artistas, etc.; y que nunca podrá encerrar nuestra lucha justa por
consolidar nuestra autodeterminación como pueblos. Los diputados y
senadores siguen aprobando nuevas leyes para criminalizar la lucha
social. Pero ni sus leyes ni sus cárceles lograran callar nuestras voces
de lucha. Estemos donde estemos, dentro o fuera de las cárceles, nuestra
lucha nunca se terminará.

Con este comunicado queremos hacer llegar nuestra palabra de solidaridad
con los compañeros zapatistas y todos los y las adherentes de la Otra
Campaña. Sepan que no están solos compañeros y compañeras. Si golpean a
uno nos golpean a todos. Ya es la hora de seguir fortaleciendo nuestra
articulación y defensa conjunta.
Mandamos un saludo fraternal a las Juntas de Buen Gobierno, los
legítimos gobiernos de los pueblos y para los pueblos.
Reiteramos nuestra exigencia de que se cumplan y se respeten los
Acuerdos de San Andrés.
Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a
organizarnos para evitar otra masacre como Acteal.
Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por cualquier acto
violento en contra de nuestros compañeros y compañeras.


¡¡Cese al hostigamiento a las comunidades zapatistas y no zapatistas!!
¡¡Libertad inmediata e incondicional a Eliseo Silvano Espinosa, Alfredo
Hernández Perez, Fidelino Ruiz Hernández y todos los presos políticos
zapatistas!!
¡¡Libertad a los presos políticos y de conciencia de todo el país!!
¡¡Libertad y justicia para Atenco y Oaxaca!!
¡¡Libertad y justicia para todos y todas!!


Atentamente,

Comunidades, ejidos y organizaciones de más de 50 municipios de Chiapas
que conformamos la Red Estatal de Resistencia Civil “La Voz de Nuestro
Corazón” Adherentes a la Otra Campaña

--

CIEPAC, A.C.
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
Calle de la Primavera, n. 6
Barrio de La Merced, 29240
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Tel/Fax: (52) (967) 674-5168
Email: tonio@laneta.apc.org
Skype: tonio_2005
http://www.ciepac.org

Escrito por tepeuxila el 07/02/2008 20:59 | Comentarios (0)

Solidaridad con Zimapán, Hgo.

Caravana en solidaridad con Zimapán

A todas las organizaciones integrantes y simpatizantes con el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) las invitamos a sumarse a la Primera Caravana Pacífica en Solidaridad con la Lucha del Pueblo de Zimapán, como acción de apoyo en su resistencia a la operación de un confinamiento de residuos peligrosos.

La salida es el sábado 9 de febrero, a las 7:00 horas, desde el Zócalo capitalino (en las joyerías de “los arcos”, frente a Palacio Nacional), con regreso el domingo. Únicamente podrán viajar las personas que sean avaladas por su organización y se hayan registrado, a más tardar, el viernes 8 a las 15:00 horas (habrá transporte gratuito con cupo limitado) mediante el correo electrónico: fncr@gmail.com

Además, apegándonos al artículo 11 constitucional, exigimos el libre tránsito de esta caravana, y haremos responsables de nuestra integridad a las autoridades federales, estatales y municipales del DF, estado de México y estado de Hidalgo.

Frente Nacional Contra la Represión

Escrito por tepeuxila el 07/02/2008 16:59 | Comentarios (0)

TODOS UNITARIAMENTE CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y LA DERECHA.

TODOS UNITARIAMENTE CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y LA DERECHA.

1.- SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA NACIONAL.

La llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la República anunciaba graves conflictos sociales y políticos.

Su “toma de protesta” reflejó la forma ilegítima e ilegal, del modo en que fue impuesto en la silla presidencial mediante el fraude electoral. Por lo que era previsible la aplicación de la mano dura para contener y golpear a los movimientos sociales, cuestión que más adelante fuimos puntualmente corroborando con los casos de los Sindicatos Minero, de los Tres Poderes al Servicio del Estado de Querétaro, de la Vidriera del Potosí, General Tire, Magisterio y pueblo oaxaqueño, el movimiento social contra la minera San Xavier y un larguísimo etcétera.

Junto a ello, y derivado de la profundización del modelo neoliberal, se aplicaron a rajatabla dos reformas estructurales: la primera, a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) que contiene gravísimas afectaciones al magisterio nacional y a los trabajadores del sector público, y la segunda,  al régimen recaudatorio y fiscal, que devino en mayores impuestos a la clase obrera y al pueblo trabajador.

Por otra parte, se incrementaron las tarifas de diesel, gasolina, electricidad y gas, de igual manera, aumentaron los precios de productos de primera necesidad como maíz, fríjol, arroz, leche, huevo, azúcar, entre otros. Con el comienzo del presente año, se han empezado a sentir los estragos de la política económica calderonista, sumándosele la entrada en vigor de la última fase del capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que arruina ya, a millones de campesinos, indígenas y trabajadores agrícolas, multiplicando la emigración hacia los Estados Unidos. A ello se agrega, el miserable “aumento” a los salarios mínimos del 4%, el cual ha exacerbado la ira y el enojo de amplísimos segmentos sindicales, sociales y populares.

Además, al profundizar la Alianza Para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y para enfrentar el descontento popular, los neoliberales pretenden llevar adelante la llamada “Iniciativa Mérida” (de manufactura norteamericana)  y aprobar la reforma judicial con el propósito de que las corporaciones policíacas y militares, so pretexto de la supuesta lucha contra el narcotráfico, combatan y desintegren a los movimientos sociales y populares.

Pero, la necedad de la derecha gobernante no conoce los límites del entreguismo, se aprestan a aprobar el siguiente paquete de “Reformas Estructurales”; dictadas desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, los “sicarios” del gobierno federal y los “jefes” parlamentarios prianistas pretenden imponer las Reformas, Energética y Laboral, con las cuales proyectan darle la puntilla a los derechos y conquistas más preciadas de los trabajadores y el pueblo, y liquidar la Soberanía Nacional y el Patrimonio Social de todos los mexicanos.

Para todos esos afanes, el presente año es clave para los neoliberales. Desde ahora mismo, articulistas, reporteros, locutores, “lideres de opinión”,  “intelectuales orgánicos”, dirigentes empresariales, directores de empresas públicas, líderes charros y jerarcas eclesiásticos, están descargando una ofensiva feroz contra los trabajadores y el pueblo, obsequiándonos su más acendrado odio y desprecio de clase, enderezando sus  mentiras e insultos en contra nuestra. Ello tiene un sentido, aprobar las Reformas Estructurales, ellos sienten que éste es su año y su oportunidad, y no quieren desperdiciar tiempo, espacio ni recursos, es ahora o nunca.

Sin embargo, ahora la  palabra es de los trabajadores y del pueblo. Como en 1936, la situación y condiciones son inmejorables para propuestas de procesos unitarios, estamos en la posibilidad real de impulsar y concretar el Frente Grande y de Todos. Los acuerdos y la movilización iniciales del 31 de enero pasado cobran una relevancia mayúscula, que deberemos valorar en sus justos términos, puesto que si cuidamos ese proceso convergente y unitario estaremos más cerca que nunca para detener las reformas estructurales, e incluso pasar a la ofensiva. Ello dependerá de mantener nuestra coherencia programática  y una política de alianzas adecuada y flexible, para garantizar el rumbo de nuestro camino.

2.- BALANCE SOBRE LOS PROCESOS UNITARIOS Y LA POLÍTICA DE UNIDAD Y ALIANZAS.

La clase obrera y el pueblo, hemos venido resistiendo en pequeñas y grandes luchas, pero de manera aislada, sin alcanzar aún la suficiente coherencia programática ni la necesaria sincronía política de acción  unitaria.

El Dialogo Nacional, espacio amplio, incluyente y plural, en donde convergen tanto el Frente Sindical Mexicano (FSM), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), el Movimiento Organizado Nacional “Aquí Estamos” (MONAE), el Movimiento la Esperanza se Respeta (MER), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN),  entre otros muchos referentes populares, sociales, indígenas y políticos. Hemos dado vida e impulsado importantes movilizaciones en defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores y el pueblo, entre ellas, la lucha por la abrogación de la ley del ISSSTE, por mayor presupuesto a las empresas e instituciones públicas, la defensa de las libertades democráticas y la libertad de presos políticos, entre otras importantes luchas.

La situación social y política, abierta y expresada multitudinariamente por la ALIANZA CLASISTA, Obrera y Campesina del pasado 31 de enero, cobra una relevancia especialmente rica para la lucha de clases, tanto en las definiciones políticas como en las modalidades de la organización frentista y la movilización popular convergente, para lo cual se requiere que nosotros como Diálogo Nacional, realicemos los mayores esfuerzos para pulir nuestra unidad programática y mejorar la eficacia en la actividad práctica.

Deberemos darle cauce a la organización sectorial y territorial, de alcance nacional. Estamos obligados a realizar esfuerzos extraordinarios para levantar las instancias frentistas en toda la República y acompasar los ritmos de la movilización para impedir que se sigan deteriorando los niveles de vida y trabajo, los derechos laborales, democráticos y políticos de la clase obrera y el pueblo, para frenar las reformas neoliberales, y conquistar el cambio de la política económica, para vivir con libertad, justicia y democracia.

En esta ruta, es necesaria la presencia  de todos,  sin protagonismos ni sectarismos, Seguirá siendo necesario insistir en la coordinación y acción conjuntas, trabajando con acuerdos que incorporen a nuestras bases, impulsando aquellos puntos en los que haya acuerdo, desde luego en planos de igualdad y respeto mutuos. Llamamos a todas las organizaciones campesinas, sindicales y populares que se movilizaron el 31 de enero, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Convención Nacional Democrática y a todos los referentes pequeños y grandes del país, a discutir la construcción conjunta y unitaria  de un plan de acción que haga posible la realización de una Huelga Política Nacional en contra de las reformas neoliberales en marcha. Nadie piensa ilusoriamente que la unidad  es sencilla ó fácil, pero habrá que persistir en ella.  Todos debemos comprender la necesidad de caminar juntos pues sólo así golpearemos fuerte y contundentemente a nuestros enemigos, y juntos hilar el complicado tejido de la urgente y necesaria UNIDAD POPULAR.

Es el tiempo de conjugar esfuerzos y fuerzas, de caminar juntos y sin dobleces, de actuar contundentemente a favor de los nuestros, los de abajo, los explotados y oprimidos, y en contra de los de arriba, de aquellos que nos someten y desprecian.

En una palabra, ES EL TIEMPO DE LA CONVERGENCIA CLASISTA, NACIONAL Y UNITARIA, es el momento de llegar a acuerdos y de concretarlos, de recorrer la Republica para levantar y organizar el descontento, la ira y el coraje, de caminar por y para la Patria, no hay tiempo que perder, la Soberanía Nacional se encuentra en grave peligro.

3.- EJES PROGRAMÁTICOS, FORMAS ORGANIZATIVAS Y PLAN DE ACCIÓN.

Por ello, el V DIÁLOGO NACIONAL levanta con toda convicción y firmeza,  “La Declaración de Querétaro” y el “Programa Mínimo No Negociable” como nuestras banderas inclaudicables y acordamos movilizarnos de manera unitaria bajo los siguientes ejes programáticos:

I.- POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL, ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA.

II.- POR LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA Y LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN.

III.- POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES, DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS, DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO.

IV.- POR LA DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR, POR AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA Y LA CREACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS.

V.- POR LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SOLIDARIA, INTEGRAL E INTERGENERACIONAL Y POR LA ABROGACION DE LA LEY DEL ISSSTE.

VI.- POR EL RESCATE DEL CAMPO MEXICANO Y POR EL RESPETO A LOS DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

VII.-  POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA, CIENTIFICA Y GRATUITA.

VIII.- POR LA LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS.

IX.- POR UN FRENTE GRANDE Y DE TODOS, Y UN CONGRESO NACIONAL CONSTITUYENTE, POPULAR Y DEMOCRÁTICO.

X.- POR UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN, ALTERNATIVO AL NEOLIBERALISMO.

Y con las siguientes acciones iniciales: 

1.- Del 1 de febrero al 30 de abril, declararnos en alerta y emergencia total, durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, ante la posibilidad de la introducción y aprobación de las reformas: energética, laboral y judicial.

2.- Trabajar en el seno de nuestras organizaciones y con el resto de los referentes sindicales, campesinos, sociales, populares y políticos, la iniciativa de una huelga política general para frenar la política neoliberal y para avanzar hacia un nuevo proyecto de nación, en consecuencia proponemos a discusión y consulta:

a) La formación de una coordinación permanente de todos los referentes sociales y políticos en resistencia.

b) Emplazar políticamente a los poderes del Estado, a que desistan de sus proyectos y reformas antipatrióticas y antipopulares.

c) Y la realización de tres paros escalonados para los días 6 de marzo, 10 y 11 de abril y 30 de abril, 1 y 2 de mayo.

3.- Del 6 de febrero al 18 de marzo, campaña nacional de información y organización, estatal, municipal y delegacional, en defensa de la Soberanía Nacional y en contra del neoliberalismo.

4.- Cobertura y Solidaridad a las Revisiones Contractuales y Salariales.

5.- El 7 de febrero, Mitin-Plantón en la Cámara de Diputados de San Lázaro.

6.- El 19 de febrero, marcha por una ley de amnistía, contra la reforma judicial y en apoyo a las viudas de Pasta de Conchos.

7.- El 6 de marzo, Gran Marcha Obrera y Popular, contra las Reformas Energética y Laboral, por la independencia y autonomía sindicales y por la restitución del poder adquisitivo de los salarios.

8.- El 18 de marzo, Gran Concentración en Defensa de la Industria Petrolera.

9.- El 10 de abril,  2ª Gran Movilización Campesina.

10.- El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

Fraternalmente

V DIÁLOGO NACIONAL.

Escrito por tepeuxila el 07/02/2008 16:25 | Comentarios (0)

"Dignidad, Unidad y Soberanía Popular"

FORO SOCIAL MUNDIAL MÉXICO 2008

DECLARACIÓN DEL ZÓCALO

"Dignidad, Unidad y Soberanía Popular"

Ciudad de México

Enero 26, 2008

Bajo el lema "Otro mundo es posible", los movimientos y las redes sociales  reunidos en el Zócalo de la ciudad de México, del 22 al 26 de enero del 2008,  con respeto a la pluralidad y a las diferencias desarrollamos un diálogo público sobre los problemas nacionales e internacionales que más nos afectan, al igual que a muchos otros pueblos del mundo.

Para responder al llamado del Consejo Internacional del FSM, decidimos organizar debates y marchas que nos den voz y presencia, para incorporarnos  al creciente proceso alternativo del  "movimiento de movimientos" que hoy culmina con una gran Jornada de Movilización Global en más de 60 países.

El Foro Social Mundial México 2008, ha discutido los siguientes planteamientos  y consideraciones:

1.                 Militarización, represión y derechos humanos. El estado mexicano y sus gobiernos entreguistas han supeditado sus políticas de seguridad nacional y de seguridad pública a los designios del imperialismo norteamericano. El Plan Puebla Panamá, el ASPAN y el Plan México implican un alineamiento y una subordinación a las políticas de Estados Unidos, y los preparativos para la represión selectiva y masiva mediante la militarización de todo el país, la legalización  del espionaje, de los allanamientos, del secuestro, del arraigo, de la tortura y hasta del asesinato. Por ello, rechazamos y exigimos la cancelación de las reformas judiciales que eliminan las garantías constitucionales. Demandamos la presentación de los desaparecidos, la ley de amnistía y la liberación de todos los presos políticos.

2. Crisis civilizatoria y fin del modelo neoliberal. Vivimos una crisis civilizatoria de carácter estructural, consecuencia de la expansión mundial del capitalismo y del fundamentalismo de mercado que ha penetrado todos los aspectos de la vida social, económica, política, cultural, ecológica y los valores de las sociedades contemporáneas. Pero el desafío que hoy enfrentamos representa una oportunidad para construir otras formas de vida social y personal, de producción y distribución de los bienes materiales y culturales, basados en principios de equidad, igualdad, justicia, solidaridad y respeto hacia la naturaleza.

3. Ecología.  Los equilibrios naturales que dan estabilidad a los climas, mares, ríos, lagos, plantas, animales y seres humanos, están rotos o severamente dañados, y muy cercanos a la catástrofe ecológica. Las especies se extinguen a ritmo acelerado y la mayor parte de los ecosistemas demuestran un deterioro avanzado. El calentamiento global es el mayor peligro que haya enfrentado la humanidad en toda su historia, además de que el aire, el agua y los suelos de todos los continentes están cada día más contaminados. Los desechos químicos, genómicos y nucleares invaden los rincones de la tierra y los océanos. Mueren los mares, los ríos, las selvas, los manglares, los bosques y la conciencia de los individuos.

4. Comunicación. El derecho a la libertad de expresión e información se encuentra cada vez más vulnerado en México. El asesinato y desaparición de  41 periodistas en los últimos 7 años, así como la persecución a medios comunitarios, libres e independientes, a los cuales se les impide acceder a frecuencias. Se violentan los derechos informativos de las audiencias.  Los medios son un poder fáctico que manipula la agenda social del país. Los ejemplos más palpables han sido la llamada "Ley Televisa", el proceso electoral de 2006, la cobertura parcial y agresiva en contra de los movimientos sociales de  Oaxaca y Atenco, entre otros, criminalizando la movilización social.

5. Educación. El capitalismo ha impulsado las reformas educativas hacia una orientación mercantilista, deteriorando la política y la infraestructura educativa de México. La educación pública en el país está en una crisis histórica, motivada por políticas dictadas desde los organismos financieros multilaterales, que profundizan las desventajas, la explotación y la marginación de las mayorías. Es urgente recuperar la educación pública gratuita, laica y obligatoria que impulse la transformación de la sociedad, tarea compartida con el magisterio de cara a la sociedad. 

6. Ciudad y Habitát. Por cuanto al derecho a la Ciudad y al Hábitat,  reivindicamos la lucha por la defensa de los diversos derechos: a la vivienda, al agua, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la cultura y al medio ambiente sano que están involucrados en el disfrute de un hábitat justo, democrático y responsable, a fin de equilibrar la relación campo-ciudad, como se establece en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Asimismo, impulsamos la unidad de acción en redes locales, regionales, nacionales e internacionales en contra de todos los desalojos, los megaproyectos, la venta de cartera vencida, la  privatización de bienes, servicios y espacios públicos, y la urbanización salvaje y destructora de comunidades rurales y urbanas por constructoras privadas como GEO, ARA o HOMEX. 

7. Soberanía alimentaria. Rechazamos categóricamente el capítulo agropecuario del TLC, dado el grave riesgo que implica para la soberanía nacional. La importación de maíz y otros productos agropecuarios esenciales aumenta la  profunda desigualdad, la migración y miseria. Aquí existe la mayor diversidad genética, patrimonio de la humanidad, que se pondría en peligro con la entrada irrestricta  de transgénicos. El maíz no debe ser concebido sólo como una mercancía, sino como parte sustantiva del derecho a la alimentación y a la soberanía popular, en tanto que herencia cultural y parte  de nuestra identidad. Sin maíz no hay país y sin fríjol tampoco. Todos los que estamos aquí acudiremos desde luego a la gran marcha convocada para el 31 de enero.

8. Soberanía energética. No aceparemos, bajo ninguna circunstancia, la venta de Pemex, sea que se pretenda realizar por vías de hecho o acudiendo a subterfugios legales. El petróleo es de México y para los mexicanos. Nos sumaremos a la manifestación que se prepara para el próximo 18 de marzo.

9. Tierra, indígenas y autonomías. México tiene una deuda con los pueblos originarios, quienes deben deben alcanzar el reconocimiento a sus derechos políticos plenos. Hacemos nuestras las demandas del EZLN, y nos pronunciamos por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a darse las formas de autogobierno y  autonomía que ellos decidan dentro de las naciones de las que forman parte, tal y como ya sucede con Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno que se han ido consolidando en el Estado de Chiapas. Apoyamos la resistencia de las comunidades indígenas a la privatización de sus recursos naturales.

10. Mujeres. El modelo económico imperante pisotea los derechos humanos de las mujeres, incrementa la feminización de la pobreza y niega su derecho al desarrollo. Los fundamentalismos religiosos, económicos y políticos atentan contra los derechos a decidir de las mujeres, las lesbianas, los homosexuales, transexuales y transgénero sobre sus cuerpos. Demandamos la observancia irrestricta y la instrumentación efectiva de los acuerdos y las convenciones  internacionales firmados por México, en el ámbito de los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, condenamos la política de militarización que hace suya la violencia sexual como estrategia de control y represión de la organización y movilización social.

11. Economía solidaria. Propugnamos por una economía solidaria, que implica mercados alternativos, los cuales comprenden producción, consumo y comercio con un dinero bajo control social. La migración desde Mesoamérica significa la creación de una geoeconomía política desde Alaska hasta Panamá. La economía solidaria rescata los valores primeros de nuestros pueblos y un crédito al servicio de su libertad y dignidad.

Entre los múltiples acuerdos a los que llegamos, destacan los siguientes:

-En lo personal y en lo colectivo, mantener vivos los valores fundamentales éticos y políticos de la dignidad, de la independencia y de la autonomía frente a los poderes espurios e ilegítimos.

-Alentar, por encima de las diferencias, la unidad y la solidaridad de nuestros esfuerzos junto con quienes luchan por las mismas causas, valores y reivindicaciones en México y en el mundo. Por eso llamamos, desde las bases, a la unidad y articulación organizada de todos los movimientos progresistas y sus dirigencias sociales y políticas, bajo el lema: "Dignidad, Unidad y Soberanía Popular".

-Sentar y consolidar las bases para una nueva organización social y una nueva cultura política, en la que prevalezcan la soberanía de los pueblos y el ejercicio de la democracia directa .

-En respuesta al clamor popular que pregunta ¿qué hacer?, nosotros decimos: impulsar nuevas formas de lucha pacífica y acciones concertadas que reflejen el ascenso de la conciencia y de la acción de las fuerzas que, en la diversidad y en la unidad, luchan por los cambios igualitarios y progresivos en la sociedad.   Entre ellas el acceso a los poderes públicos,  donde las garantías de imparcialidad, equidad y credibilidad estén garantizadas, por vías electorales y parlamentarias.

-Hacer  efectivo el derecho a la comunicación, mediante la gestión social de los medios y el cumplimiento de los tratados en la materia, por lo que apoyamos la creación del Frente Nacional por la Reforma Integral de la Ley de Radio y Televisión.

- Alentar y apoyar la preparación de acciones específicas de lucha social que den viabilidad y éxito a nuestros objetivos, tales como los paros escalonados y la huelga general, la puesta en practica del referéndum, del plebiscito y del mandato revocatorio, entre otras.

-Considerar desde ahora la posibilidad de impulsar la suspensión parcial o total del pago de impuestos determinados.

-A partir de la reciente excarcelación de siete presos políticos, exigimos la cancelación de las reformas judiciales que eliminan las garantías constitucionales, y rechazamos toda forma de criminalización de la lucha social. Demandamos la liberación de todos los presos políticos del país.

-Apoyamos a las comunidades que se oponen a la construcción de las presas La Parota, en Guerrero; Arcediano, en Jalisco; y La Yesca, en Nayarit.

Nos oponemos al campo de concentración que sufren los vecinos de  Granjas de Poleo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

-Rechazamos categóricamente la construcción del muro de la ignominia que separa a las Américas del norte y del sur y que incrementa el sufrimiento y la muerte de nuestros migrantes en busca de oportunidades para sobrevivir.

-Condenamos la nueva agresión contra el pueblo palestino, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo para impulsar una jornada mundial que rompa el cerco de Gaza, que atenta contra la dignidad de toda la humanidad.

-Exigimos la salida inmediata del ejército de Estados Unidos de Afganistán e Irak, que avasalla la soberanía de esos pueblos, así como la suspensión de las amenazas de guerra contra Irán.

- Demandamos una solución pacífica al conflicto social y electoral en Kenia, con pleno respeto a los derechos humanos.

-Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad al intercambio humanitario de rehenes en Colombia.

Por ultimo, reiteramos el exhorto mas firme y respetuoso de las redes ciudadanas y de los movimientos sociales a todas las bases y dirigencias de izquierda a hacer un esfuerzo de unidad en la diversidad, de lucha integrada en acciones concretas para enfrentar la crisis que ya está aquí y que va a empeorar con la recesión económica de Estado Unidos. Reiteramos también el lema de la incorporación mexicana al Foro Social Mundial: "Dignidad, Unidad y Soberanía Popular".

Escrito por tepeuxila el 01/02/2008 19:03 | Comentarios (0)

PAISAJE CUICATECO EN PELIGRO DE EXTINSIÓN.

Paisaje Cuicateco: Fotografía tomada de Loma la Cruz en Teponaxtla hacia la montaña El Caspioso de la comunidad Tepeuxila, atravesando el espacio físico de la comunidad Tlacolula. De acuerdo a los últimos informes obtenidos por el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA (CEREC), los puntos mencionados conforman un lado del poligono del predio la Raquelita I, concesionado a la Empresa Minera Zapata, S.A. de C.V., con una extensión de 3,500 ha., por lo tanto, dicho panorama sólo podremos disfrutarlo en tano no se inicien los trabajos de explotación de los minerales que se encuentras en estos suelos.

Escrito por tepeuxila el 01/02/2008 17:43 | Comentarios (0)

Planeta Azul

La Tierra vista desde el espacio.

Escrito por tepeuxila el 01/02/2008 17:39 | Comentarios (0)

¿FIN DEL NEOLIBERALISMO?

Escrito por tepeuxila el 01/02/2008 17:36 | Comentarios (0)

RENEGOCIACION DEL TLC.

Aspecto de la marcha realizada el día 31 de enero de 2008, en la ciudad de México con la demanda de renegociar el Trtado de Libre Comercio (TLC) en su capitulo relacionado con el campo mexicano, ya que a a partir del primero de enero la importación de Maíz y Frijol de los Estados Unidos queda libre de aranceles e impuestos y de la cantidad que el gobierno acuerde con el país citado. De la misma manera, a la manifestación se unieron otros síndicatos que reclaman dar marcah atrás con la aprobación de la ley del Issste que lesiona los intereses de los trabajadores que trabajan en las instituciones gubernamentales y que se ven seriamente afectados al termino de su edad laboral ya que las pensiones y jubilaciones se ven disminuidas en comparación con las prestaciones a  las que tienen derecho con la Ley modificada.

Escrito por tepeuxila el 01/02/2008 17:02 | Comentarios (0)

Mujer y Ley Consuetudinaria

El 4 de noviembre pasado, la indígena Eufrosina Cruz Mendoza participó como candidata a presidente municipal de Santa María Quiegolani, que se elige mediante el sistema de usos y costumbres, pero cuando tomó ventaja sobre su competidor, el profesor Eloy Mendoza Martínez, se le notificó que no podía participar “por ser mujer”. El 19 de diciembre siguiente, el Congreso local declaró válida la elección de Mendoza Martínez.  

Escrito por tepeuxila el 01/02/2008 16:59 | Comentarios (0)

Buscan garantizar derechos de oaxaqueñas en municipios regidos por usos y costumbres.

Acepta Congreso estatal iniciativa de reformas a dos artículos del CIPPEO

Proponen que las mujeres puedan votar y acceder a cargos de elección popular

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

La Jornada, Febrero 1, 2008

Oaxaca, Oax., 31 de enero. El Congreso del Estado dio trámite hoy a una iniciativa que propone reformas a los artículos 112 y 113 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEO), para garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en los 418 municipios –de 570 que tiene el estado– que se rigen por el sistema de usos y costumbres para elegir autoridades.

Esto, ante las protestas de la indígena zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza y organismos civiles debido a que las autoridades municipales de Santa María Quiegolani, Yautepec, se opusieron a su participación en la elección.

El proyecto, presentado por la diputada priísta Sofía Castro Ríos, plantea la modificación del capítulo segundo del CIPPEO que se refiere a requisitos de elegibilidad, donde se precise que para ser miembro de un ayuntamiento, de acuerdo con las normas de derecho consuetudinario, se requiere ser ciudadano o ciudadana de los centros de población del municipio.

Además, incluye la reforma del artículo 113 que determina que son electores en los municipios de usos y costumbres todos los hombres y las mujeres mayores de dieciocho años, que residan habitualmente en los mismos, en pleno uso y goce de sus derechos y obligaciones constitucionales.

En tribuna, la diputada expuso que los hombres y mujeres, conforme a la Constitución del país, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos indígenas, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley Municipal del Estado, tienen los mismos derechos sin importar su condición social, origen o identidad.

Por ello, rechazó la discriminación en varios municipios del estado donde no se les permite a las mujeres votar ni acceder a cargos de elección popular. La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Administración de Justicia para su análisis, después de ser respaldada en tribuna por los diputados de diferentes partidos políticos.

El perredista Wilfredo Vásquez López dijo que el sistema de usos y costumbres es discriminatorio para las mujeres, por lo que el Congreso tendrá que ser muy responsable para que las reformas que se decidan hacer garanticen realmente un cambio.

A su vez, el panista Dagoberto Carreño Gopar consideró que este tema debe ser tratado con prudencia y profundidad, manifestándose por una nueva reforma electoral que establezca con claridad y precisión los municipios donde se pueda seguir practicando el sistema de usos y costumbres.

Escrito por tepeuxila el 01/02/2008 16:54 | Comentarios (0)